Y finalmente sucedió. Luego de que el Concejo Deliberante de la localidad salteña de San José de los Cerrillos suspendiera a su Defensor del Pueblo, Carlos Andrés Paz, y de que el presidente de ADPRA y ombudsman porteño, Alejandro Amor, lo denunciara penalmente por sus declaraciones antisemitas, era previsible que llegaría el turno de su destitución. Y eso pasó ayer.
Los ediles cerrillanos resolvieron disponer la destitución de Paz por las causales de «inhabilidad moral sobreviniente para el desempeño del cargo», y por la «pérdida de la confianza como consecuencia de los hechos públicos, términos y dichos discriminatorios que se le atribuyen en contra de la comunidad judía y conducta desarrollada por el mismo durante el proceso».
La medida incluyó también una «sanción complementaria de inhabilitación especial y permanente por el mismo período que le fuera depositada la confianza de su mandato, o sea, tres años a partir de la notificación» correspondiente.
La destitución del Defensor del Pueblo de San José de los Cerrillos tuvo que ver con los comentarios discriminadores y antisemitas que publicó en sus redes sociales, donde dijo cosas como: «Judíos de m… me tienen harto. Ven que tengo razón que son una m.. estos judíos». Y más comentarios inaceptables para una persona que fue designada para defender a los habitantes de su territorio.
Este tipo de conducta se encuentra sancionada como delito penal en la Argentina, desde 1988, por una previsión que mencionada de manera específica en el artículo tercero de la Ley 23.592.
El texto de esta ley indica que serán reprimidos con prisión de un mes a tres años los que «participaren en una organización o realizaren propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma».
