En el mes de enero, la Subsecretaria de Derechos sociales había tomado contacto con los vecinos de allí, que acreditaban una situación critica frente al inminente desalojo ordenado por la justicia. Desde ese momento, se establecieron los canales para articular soluciones con las autoridades correspondientes del Gobierno de la Ciudad que contemplaran la situación habitacional y evitaran la vulneración de los derechos de los vecinos residentes en el inmueble.
En el lugar se generaron momentos de tensión a partir de la decisión de resistir el desalojo, adoptada por un grupo de los residentes. Finalmente, con la Defensoría como mediadora y tras una extensa asamblea, vecinos, autoridades y responsables de la ejecución del desalojo acordaron la apertura de una mesa de dialogo que permita encontrar soluciones acordes a la situación particular de cada habitante del inmueble, lo que posibilitó que el oficial de justicia dispusiera la suspensión de la medida.
De la intervención participaron también la Asesoría Tutelar, la Defensoría General de la Nación, la Defensoría de Menores y el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad, que contribuyeron a generar una instancia de dialogo entre los vecinos (acompañados por organizaciones sociales) y la Justicia.
La próxima semana comenzarán las reuniones en las que la Defensoría del Pueblo acompañará a los representantes de los vecinos y en la que también estarán presentes la Defensoría General de la Nación, la Asesoría Tutelar, el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad y la Defensoría de Menores.
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