En el lugar también se encontraban presentes autoridades judiciales, Policía Federal, Bomberos, medios de comunicación y manifestantes de diversas agrupaciones políticas. Luego de varias horas de negociación se convino suspender la medida por un plazo de 90 días.
Desde diciembre de 2014 la institución viene acompañando a los vecinos que habitan ese inmueble, sujeto a un desalojo dispuesto por el Juzgado Nacional en lo Civil 46 y habitado por 39 familias con cerca de 70 menores.
Desde que tomó conocimiento de la situación, la Defensoría trabaja en diferentes alternativas habitacionales con los vecinos, con el fin de evitar la vulneración de sus derechos.
Luego de haber asistido a numerosas audiencias y mesas de negociación entre los vecinos, los dueños del inmueble y los organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se llegó a una primera instancia de acuerdo el 18 de marzo de 2015, cuando se logró suspender el primer intento de desalojo. Luego de ello se siguió trabajando junto a la Defensoría General de la Nación, la Defensoría General de la Ciudad, la Defensoría Pública de Menores e Incapaces, la Asesoría Tutelar de la Ciudad, la Secretaría de Hábitat de la Nación, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, el Oficial de Justicia interviniente y los vecinos para generar las condiciones que garanticen que la medida dispuesta por la Justicia se lleve adelante sin vulnerar derechos y sin que ningún vecino quede en situación de calle.
Habiéndose dispuesto hoy nuevamente el desalojo, personal de las Direcciones de Promoción Social, Derechos Humanos, Control Comunal, Seguridad Ciudadana y Violencia institucional y de Emergencias y Contención Psicosocial de la Defensoría, junto a los organismos antes mencionados y diferentes legisladores porteños se hicieron presentes a las 7 de la mañana para defender los derechos de los vecinos involucrados en el operativo.
Desde ayer diferentes organizaciones sociales acampaban en el lugar y los vecinos se encontraban encerrados dentro del inmueble con todos los accesos cerrados y manifestando su imposibilidad de abandonar el inmueble por no contar con alternativas de lugares para ir a vivir. El Oficial de Justicia se hizo presente con personal de la Policía Federal y se organizó en el lugar una mesa de dialogo de la que fueron parte los vecinos,la abogada y el representante legal de los dueños del inmueble, Personal de la Subsecretaría de Derechos Sociales de la Defensoría del Pueblo, de la Defensoría General de la Nación, de la Defensoría General de la Ciudad, de la Defensoría Pública de Menores e Incapaces, el legislador porteño José Campagnoli, personal del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires y del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.
Luego de una serie de deliberaciones, al ver que no estaban dadas las condiciones para hacer efectivo el desalojo y teniendo en cuenta un acuerdo al que habían arribado los vecinos y el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, se acordó suspender la medida por 90 días, para que los vecinos y el IVC puedan terminar las negociaciones iniciadas el día anterior en la audiencia convocada a los efectos por el Juzgado CAyT 14 de la Ciudad de Buenos Aires, y a la que la Defensoría también asistió.
Tras arribar a ese acuerdo se desarmó el operativo dispuesto y todas las partes intervinientes en el proceso de dialogo firmaron el acta correspondiente.
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