En el contexto de la emergencia sanitaria, resulta urgente e imprescindible garantizar los derechos de los pacientes, bajo una visión integral de la salud que contemple las medias necesarias para la prevención de contagios y que resguarde la continuidad de los tratamientos, las actividades diarias y el contacto con familiares, defensores, profesionales tratantes y trabajadores de los hospitales.
A su vez, el Estado debe velar por la seguridad y salud de todas las personas que concurren o permanecen en los nosocomios mediante la provisión de materiales y la implementación de protocolos diseñados para evitar la propagación del virus.
No escapa a la observación de este organismo que la población actual de los neuropsiquiátricos está constituida, en su mayoría, por personas mayores de 65 años, con lo cual el riesgo al que se encuentran expuestos resulta de perentorio tratamiento.
Cabe recordar en de junio de 2019, en el marco de una investigación llevada a cabo por la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Coordinación Operativa de Promoción Humana, Adicciones y Salud Mental del organismo, el Defensor del Pueblo Alejandro Amor recomendó a las autoridades pertinentes la implementación de políticas activas que contemplaran la dignidad de los pacientes y de los profesionales del Hospital Borda.
De dicha investigación surgieron numerosas irregularidades, en su mayoría referidas a la necesidad de adecuar los recursos humanos y presupuestarios a la realidad de los pacientes y los profesionales, los tratamientos, la seguridad, la situación edilicia, y la comunicación, entre otras.