En particular, el convenio insta a ambas partes a planificar, programar y desarrollar inspecciones en los establecimientos denunciados ante los dos organismos, como así también, a actuar de oficio ante situaciones que generen sospechas de la realización de actividades en violación a las normas de trabajo vigentes y que puedan derivar en trabajo forzoso y privación de la libertad.
En el encuentro por la firma, que se llevó a cabo esta tarde en la sede de la Defensoría ubicada en Avenida Belgrano 673, también participaron los defensores adjuntos María América González y Arturo Pozzali, la directora de Asistencia Jurídica en Relaciones del Trabajo y Sociales de la Defensoría, Mónica Colman, el titular del Instituto de Promoción de Derechos del Trabajo de la institución, Néstor Gómez de Saravia, y el director general de Trabajo de la subsecretaría, Fernando Cohen.
Alejandro Amor se refirió a la existencia de los talleres clandestinos y dijo que esta problemática “tiene varias caras: el aprovechamiento de la necesidad de las personas a quienes debemos ayudar para que se regularice su situación laboral, las condiciones de habitabilidad de estos locales y la utilización en la cadena de comercialización que naturalmente genera una competencia desleal con aquellos que sí cumplen con los requisitos establecidos en la ley”. Sostuvo además que “comparto la medida del blanqueo de todos los trabajadores a nivel nacional, creo que es fundamental, más allá de definir claramente la actitud de los que explotan a las personas, los que lucran sobre la necesidad de la gente, que en definitiva son delincuentes”. El Defensor del Pueblo concluyó que es una satisfacción llevar adelante en conjunto con el Estado las próximas inspecciones y que se trata de un compromiso fuerte de la institución. “Este convenio forma parte de entender la forma de complementar al Estado, de no trabajar divididos, de no tener esfuerzos dispersos y de fortalecernos como sociedad dándole a los vecinos los derechos que corresponden”, subrayó.
Por su parte, Jarvis expresó que “la solución de los grandes conflictos como la de los talleres clandestinos tiene que tratarse con la articulación entre un estado íntegro, genuinamente comprometido con la sociedad, y el público. Con estas acciones pretendemos empezar a coordinar políticas públicas que tengan verdadera fuerza”. El funcionario destacó que este flagelo que tiene la Ciudad de Buenos Aires está ligado a una economía informal donde se observa el trabajo no registrado y en condiciones insalubres. Por último, manifestó: “En el marco del trabajo que venimos desarrollando desde la subsecretaría, procuramos que con las acciones que realicemos junto con la Defensoría podamos no solamente ir a buscar la sanción a quien está infringiendo la ley sino también involucrar a quienes están afuera del sistema a un sistema de derecho y de contención social”.
