El convenio constituye un interés de ambas partes participar en actividades conjuntas que permitan lograr el mejoramiento del sistema de justicia, como así también, brindar a los ciudadanos métodos alternativos para la resolución de sus conflictos.
Dado que el Ministerio Público Fiscal y la Defensoría del Pueblo tienen la capacidad institucional y administrativa suficiente para generar canales de derivación mutua, ambos representantes afirmaron la importancia que reviste la coordinación de esfuerzos para desarrollar actividades de colaboración institucional en mutuo beneficio.
Alejandro Amor afirmó que «los vecinos necesitan una ciudad más justa, más equitativa y más solidaria».
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