La actividad originalmente correspondía a la empresa Esso, luego Axion Energy y más tarde fue adquirida por Shell, la cual se presentó ante el Poder Judicial debido a la presencia de un pasivo ambiental (suelo contaminado por hidrocarburos). La justicia dispuso que el propietario original debía remediar el terreno contaminado, tal como lo establecen la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos N °25675 y el artículo 41 de la Constitución Nacional.
Desde la Defensoría del Pueblo se enviaron diversos oficios a las dependencias de la Agencia de Protección Ambiental (APRA) y se realizaron investigaciones y consultas destinadas a clarificar la situación. Se habían iniciado las tareas de saneamiento del suelo para eliminar la presencia de hidrocarburos, tal como ordenó la justicia, pero a su vez la estación de servicio fue nuevamente vendida y se sucedieron diferentes denominaciones societarias sobre el predio. Estos motivos dificultaron el desarrollo de los trabajos para proteger y sanear el medio ambiente.
Se pudo dar seguimiento al proceso mediante el cual se reemplazaron las instalaciones de despacho de combustible, que comenzaron a funcionar bajo responsabilidad de la empresa Shell, pero a partir de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia se entorpeció aún más la remediación del pasivo ambiental. No obstante, se informó que las tareas pendientes se encuentran en curso y que se calcula que terminarán para fines de este año.