“Hoy vengo a la Usina del Arte a hablar en nombre de los vecinos”, aseguró Amor, quien fue el primero de todos los Ombudman en participar de la audiencia pública, como titular de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA).
“Nosotros defendemos los principios establecidos en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: progresividad, proporcionalidad y razonabilidad. Y si bien vemos progresividad en lo que se ha planteado, no encontramos la proporcionalidad ni la razonabilidad”, afirmó en uno de los momentos más críticos de su alocución. E inmediatamente después reclamó que “el incremento tarifario esté atado a los incrementos paritarios, sobre todo de jubilados y pensionados, a quienes el Estado debe proteger”. Una de las propuestas que llevó a la audiencia pública la Defensoría del Pueblo porteña fue la implementación de una tarifa social única y automática, “porque no puede haber diferencia para el acceso al agua, el gas y la luz, porque quien es vulnerable para acceder a un servicio también lo es para acceder a los otros”, explicó Amor.
Además, solicitó la conformación de una mesa de trabajo con la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, y su par en Energía y Minería, Juan José Aranguren, “para definir un cuadro tarifario único, de amplio acceso y automático para todos, porque ningún ciudadano que lo necesite debe quedarse sin tarifa social”, dijo Amor, haciéndose eco de una propuesta de la Defensora Adjunta del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires María América González.
Por otro lado, el Defensor del Pueblo porteño -que también estuvo acompañado por el subsecretario de Derechos Públicos y Ciudadanos de la institución, Norberto Darcy, y por el director de Servicios Públicos, Diego Mielnicki- pidió que se defienda “la vigencia de las leyes de entidades de bien público y clubes de barrio, que deben tener una tarifa especial”, y reclamó que “el Estado proteja también a las pymes, que son las que generan el 70% del trabajo en la Argentina”.
“Es importante reconocer la realidad que atraviesan las pymes, sobre todo las gasdependientes y las electrodependientes, las cuales deben contar con una tarifa diferenciada que les permita continuar con su empresa, porque de esa manera se está defendiendo el empleo en nuestro país”, agregó Amor.
Por último, el presidente de ADPRA reclamó que se reconozca “el acceso a los servicios públicos esenciales como un derecho humano” al cual deben poder acceder todos los ciudadanos, y concluyó: “Durante los meses en que se debatió el incremento en las tarifas de servicios públicos se habló mucho de clientes y poco de personas. Los Defensores del Pueblo no defendemos clientes, defendemos personas”. Luego del Defensor del Pueblo porteño hablaron los Defensores del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Salta, Avellaneda, Lanús, San Juan, General Pueyrredón, Formosa, Santiago Del Estero, Tucumán, Río Negro, Escobar, Córdoba, Gobernador Virasoro, La Plata, Centenario, Morón, Vicente López, Junín, Paraná y Quilmes.
