En la reunión participaron también María Julia Giorgelli, subcoordinadora del Centro de Protección de Datos de la Defensoria y, por el ministerio de Seguridad, Eduardo Villalba, secretario de Seguridad y Política Criminal; Cecilia Rodríguez, jefa de Gabinete; Valentina Novick, subsecretaria de Investigación Criminal y Cooperación Judicial; Iván Poczynok, director nacional de Inteligencia Criminal y Gerardo Halpern, director de Comunicación Institucional.
La Defensoría entregó al Ministerio un documento con aportes con el objetivo de resguardar los derechos fundamentales de la población frente a la ejecución del sistema que fue recibido por Frederic, tras lo cual se acordó la elaboración de un protocolo que regule y establezca los límites de la actividad y defina un procedimiento para su ejercicio. La Defensoría del Pueblo, a su vez, anunció que formará parte del equipo que trabajará sobre ese protocolo, que será el marco de referencia para las fuerzas de seguridad nacional hasta tanto se elabore y presente un proyecto de ley a ser tratado oportunamente por el Congreso Nacional.
El encuentro arrojó como conclusión, acordado por ambas instituciones, que el ciberpatrullaje utilizado en el marco del respeto integral a los Derechos Humanos, especialmente a lo que hace a la libertad de expresión y la privacidad, es una herramienta que legítimamente puede utilizar todo Estado democrático con el fin de mantener la seguridad de la población y prevenir hechos delictivos.
Ambos organismos coincidieron en la centralidad de que las acciones de ciberpatrullaje se inscriban dentro de las directrices del sistema interamericano de derechos humanos.
