El trabajo fue realizado por la Subcoordinación de Políticas Habitacionales y la Coordinación Operativa de Vivienda y Hábitat, ambas dependientes de la Conducción Ejecutiva de Derechos Sociales de la institución.
El monto del IFE fue fijado en diez mil pesos que se percibirán por única vez durante el mes de abril y la autoridad de aplicación es la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), con la financiación de recursos del Tesoro Nacional.
Según el Gobierno Nacional se estima que terminarán percibiendo el IFE unas 3.600.000 personas aproximadamente, de las cuales más de 1.500.000 no están cubiertas por la Asignación Universal por Hijo (AUH), e implicaría una inversión total en torno a los 36 mil millones de pesos.
El documento de la Defensoría señala que este beneficio presenta una serie de ventajas tales como asistir de manera casi inmediata a una gran cantidad de familias en situación de vulnerabilidad, aliviar la difícil situación económica y social de los trabajadores y trabajadoras más inermes ante el aislamiento social obligatorio y garantizar un ingreso equivalente a casi dos canastas básicas alimentarias y a dos tercios de un salario mínimo, vital y móvil.
Asimismo, el informe destaca que en el caso de Argentina, el Poder Ejecutivo tomó un accionar “ejemplar” desde el comienzo de esta problemática y que, además de las medidas relacionadas con el cuidado de la salud, prestó especial atención a la protección social de los niveles más postergados.
En ese sentido, se manifiesta que, con el IFE, “el Gobierno se anticipa a las consecuencias que puedan padecer las personas vinculadas al sector informal de la economía, los/las monotributistas de bajos recursos y los trabajadores y las trabajadoras de casas particulares que tendrán una severa discontinuidad y/o pérdida de sus ingresos durante el período de cuarentena”.
