Mario Ríos Barrientos comentó como la realidad peruana fue empujada por un emblemático caso de un allanamiento a una casa de familia a principios de 2017. En noviembre de ese mismo año se publicó oficialmente la ley N° 30681 regulando el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados. La ley incluye un sistema de licencias para investigación, importación, comercialización y producción de medicamentos en base de cannabis. Sin embargo, la reglamentación no llegó hasta febrero del 2019 y estableció una serie de trabas en forma de certificados que representan un muy serio retroceso en materia de derechos en relación a lo que establece la ley. La receta médica solo está contemplada específicamente para cuatro enfermedades, aunque puede ser recetado para otras patologías bajo responsabilidad médica, afirmóRíos Barrientos.
Además describió la situación actual de Perú como un vacatio legi. El acceso al cannabis medicinal no está garantizado, solo se consigue en una farmacia de Lima, pero tampoco es perseguido activamente por las fuerzas policiales. Sin embargo, su uso sigue extendiéndose; el uso médico ya está siendo contemplado en la currícula de varios cursos de posgrado universitarios.
Finalmente, el Defensor Adjunto, su equipo y Ríos Barrientos reflexionaron sobre la situación de los desafíos de las organizaciones civiles cannábicas latinoamericanas y la condición de sobre fragmentación que las caracteriza.
