La Defensoría del Pueblo da seguimiento al cumplimiento de la llamada Ley 1854 de Basura Cero de 2005, que es una de las referencias principales para la higiene urbana y la salud ambiental de nuestra ciudad.
A 12 años de sancionada, no se observan avances en la elaboración y ejecución de políticas públicas entre la CABA y las jurisdicciones vecinas, destinadas a mejorar la eficacia y la eficiencia de la gestión de residuos en el AMBA.
Teniendo en cuenta este retraso en la formulación de una política pública regional para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos, el 30 de agosto de 2017 el Defensor del Pueblo emitió la resolución 1225/2017, en la que recomendó al Presidente de la Agencia de Protección Ambiental y al Subsecretario de Gobierno que analicen la factibilidad de convocar a las autoridades de la Provincia de Buenos Aires y municipios correspondientes, para elaborar y coordinar la puesta en marcha de una política regional para el tratamiento integral de residuos sólidos urbanos y eventualmente crear un ente interjurisdiccional entre los involucrados. Además, la resolución fue puesta en conocimiento de los Ministros de Gobierno y de Ambiente y Espacio Público.
A modo de respuesta a esta recomendación, se recibió una comunicación del Ministro de Gobierno, Bruno Screnci Silva, en la cual informa al Defensor del Pueblo que, una vez analizada esa resolución, dio intervención a la Subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales y Política Metropolitana para que realice las acciones necesarias con el objeto de lograr la mencionada articulación interjurisdiccional.
En efecto, la creación de un ente regional que unifique y coordine el tratamiento de los residuos del AMBA significaría una progreso indudable en la protección del ambiente.
