El SRF fue puesto en marcha en abril de 2019 por el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad. Como parte de la implementación de esta medida, la Defensoría del Pueblo fue invitada a controlar determinados aspectos del dispositivo, iniciativa que quedó plasmada en un convenio de cooperación firmado por ambas instituciones. En esta linea de trabajo, el organismo envió pedidos de informes, mantuvo encuentros con personal de dicha cartera y visitó el Centro de Monitoreo Urbano, ubicado en Chacarita.
En esta oportunidad, y con motivo del tratamiento del proyecto que busca modificar la ley que regula el sistema de seguridad público de la Ciudad, la Defensoría envió una misiva a la diputada del Frente de Todos, Claudia Neira, con unas serie de observaciones y recomendaciones.
Allí se argumenta que la normativa debe inspirarse en y cumplir con los principios de proporcionalidad y razonabilidad para generar un marco de implementación adecuado y que el SRF no devenga en acciones desmedidas, instrusivas o violatorias de las garantías constitucionales.
En este sentido, el documento explicita la necesidad de adoptar medidas para garantizar la seguridad de la información, en cuanto al tratamiento y almacenamiento de las bases de datos, así como el diseño de planes de contingencia frente a eventuales incidentes informáticos.
Por otra parte, advierte que las herramientas informáticas no son esencialmente positivas o negativas. Por el contrario, se señala que solo las formas de implementación, regulación, limites establecidos y cumplimiento de los estándares internacionales sobre protección de datos personales podrán determinar si el SRF constituye una herramienta de vigilancia legítima o si su aplicación vulnera las libertades individuales de los ciudadanos.
Durante la reunión de la Comisión que tuvo lugar hoy, Neira llamó al Ejecutivo porteño y al oficialismo a incorporar al proyecto una definición explicita de estos sistemas. «Es un planteo que hace la Defensoría, y sería importante poder recogerlo», sostuvo la diputada.
Cabe recordar que el sistema presentó fallas en el reconocimiento de personas consideradas sospechosas, por lo cual el Registro Nacional de Reincidencia ordenó depurar la base de datos del SRF, suspendió la publicación de datos personales y ordenó interrumpir el Sistema de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CoNaRC) en noviembre de 2019.
Foto: buenosaires.gob.ar
