La primera fue el 28 de octubre de 2016 en el Teatro de la Ribera, donde se analizó el aumento de precios para el servicio de electricidad. Allí Amor realizó siete propuestas: a) Que se establezca una tarifa social única, homogénea y de simple acceso para todo el espectro de beneficiarios; b) Que se establezca una tarifa especial para las pymes; c) Que los aumentos que se decidan vayan de la mano de los incrementos paritarios; d) Que se actualice el reglamento de los usuarios de servicios públicos; e) Que se elabore un plan de contingencia para el verano, cuando se suceden con más frecuencia los cortes de energía; f) Que se conforme un Consejo de Control que elabore informes semestrales sobre el cuadro de inversión y el cuadro tarifario; g) Que se reconozca el acceso a los servicios públicos esenciales como un derecho humano.
La segunda fue el 16 de septiembre de 2016 en la Usina del Arte, donde se abordó el incremento tarifario para el servicio público del gas. Ratificó su apoyo a los principios establecidos por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ante el amparo impulsado por el Centro de Estudios para la promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS): Proporcionalidad, Razonabilidad, Gradualidad y No Confiscatoriedad; pidió que los incrementos tarifarios estén atados a los aumentos paritarios; solicitó el establecimiento de una tarifa social única, homogénea y de simple acceso para todo el espectro de beneficiarios; solicitó que se conforme un Consejo de Control que elabore informes semestrales sobre el cuadro de inversión y el cuadro tarifario; exigió que se protejan a los clubes de barrio, entidades de bien público y a los ciudadanos electrodependientes.
La tercera fue el 7 de diciembre de 2016 en la sede de la Universidad Católica Argentina, donde se discutió el incremento en la tarifa de gas. Amor pidió que se respeten los principios del fallo de la Corte Suprema; que se establezca una tarifa social única y extendida para todos los trabajadores no registrados; que se elimine el costo fijo de la tarifa social; que se combata la pobreza energética; que se declare el acceso a los servicios públicos esenciales como un derecho humano; que se declare a la garrafa como un servicio público esencial; que se eliminen los subsidios a las empresas y se direccionen a los ciudadanos; que se elimine el Fosegas y que se proteja a las entidades sin fines de lucro y a los clubes de barrio.
La cuarta fue el 14 de diciembre de 2016 en el Teatro de la Ribera, donde nuevamente abordaron el servicio de electricidad. En esta oportunidad el Defensor del Pueblo volvió a mencionar las propuestas efectuadas el 28 de octubre de 2016 y agregó además el reclamo para que las empresas realicen efectivamente las inversiones que se habían comprometido a efectuar; pidió que se “modifique el régimen sancionatorio” por el cual el Ente Nacional de Regulación Eléctrica (ENRE) le impone multas a las empresas, que no suelen pagarlas; y solicitó que se establezca un régimen de Tarifa Social Única. Además, ratificó nuevamente su apoyo a los principios establecidos por el fallo de la Corte Suprema: Proporcionalidad, Razonabilidad, Gradualidad y No Confiscatoriedad; pidió la eliminación del Focede y remarcó la importancia de acabar con la pobreza energética (cuando una familia destina más del 50% de sus ingresos en el pago de servicios públicos esenciales) si se piensa seguir por la senda de la “pobreza cero”.
La quinta fue el 10 de marzo 2017 Teatro de la Ribera, donde se discutió la tarifa para el servicio público del gas. El Defensor del Pueblo realizó los siguientes reclamos: que se elimine el cargo fijo para la tarifa social; que los aumentos tarifarios vayan de la mano de los incrementos paritarios; que se acabe con la pobreza energética en la Argentina y que se respeten los principios establecidos por el fallo de la Corte Suprema en el tema tarifas.
La sexta fue el 6 de abril de 2017, también en el Teatro de la Ribera, donde se debatió la tarifa de agua. En esa oportunidad, Amor pidió que las audiencias públicas sean vinculantes; que se establezca una “tarifa social única” que proteja a los sectores más vulnerables de la población; que se respeten los principios establecidos en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en el tema tarifas (“propiorcionalidad, progresividad, no confiscatoriedad y razonabilidad”); que las Defensorías del Pueblo estén representadas en la comisión que se creó para trabajar en el mejoramiento de la tarifa social y también de los medidores; y que el nuevo cuadro tarifario sea acompañado por una ley del Congreso Nacional.
La séptima fue el 15 de noviembre de 2017 en el Teatro de la Ribera, donde se discutió el aumento tarifario del gas y el Defensor realizó las siguientes propuestas: a) La eliminación del cargo fijo en la tarifa social; b) la declaración de la garrafa como un servicio público esencial; c) Que se establezcan procedimientos transparentes para la rehabilitación del servicio luego de los cortes; d) Que se audite la tarea de las empresas tercerizadas que realizan las tareas de mantenimiento; e) Que se respeten las inversiones comprometidas por las empresas; f) Que se actualice la actualización del reglamento de los usuarios, que es de los años 90; g) Que se consagre el acceso universal a los servicios públicos esenciales; h) Se ratificó el apoyo a los principios establecidos por el fallo de la Corte Suprema; h) Que se termine con la pobreza energética; i) que se establezca un un programa de asistencia a las pymes; j) Que se implemente un proceso de regionalización de tarifas.
La octava fue dos días después, el 17 de noviembre, en el Palacio de las Aguas Corrientes, donde se analizó el incremento tarifario del servicio de electricidad. Entre las propuestas que acercó el Defensor del Pueblo porteño se destacan: a) Que el Estado proteja especialmente a los usuarios electrodependientes; b) Que se incrementen los kilovatios otorgados en el pack gratuito de la tarifa social; c) Que el Estado ayude a los familias que habitan en las viviendas más precarias a ahorrar energía; d) Que se revise el criterio por el cual los adultos mayores pueden acceder a la tarifa social; e) Que las empresas disminuyan los cortes de energía, cumplan con las inversiones comprometidas y paguen las multas que les impone el ENRE ante los cortes de suministro; f) Que se respeten los principios de Proporcionalidad, Razonabilidad, Gradualidad y No Confiscatoriedad establecidos por el fallo de la Corte Suprema.
La novena fue el 22 de febrero de 2018 en el Centro Metropolitano de Diseño, donde se abordó el aumento tarifario en el servicio público del gas. Allí Amor volvió a ratificar su apoyo a los principios del fallo de la Corte Suprema; pidió que los aumentos tarifarios contemplen los incrementos paritarios; que se combata la pobreza energética en la Argentina; que se declare a la garrafa como un servicio público esencial; que se conforme una mesa de trabajo entre las empresas, las Defensorías y los usuarios que analicen los incrementos tarifarios propuestos por el Ejecutivo; que se realice una revisión integral de los cuadros tarifarios y que se amplíen los requisitos para acceder a la tarifa social.
La décima y última fue el 15 de marzo de 2018 en el Centro Metropolitano de Diseño de Barracas, donde se analizó el incremento tarifario del agua. Entre las propuestas del Defensor del Pueblo porteño se destaca el pedido de que baje la carga impositiva sobre los servicios públicos; que se combata la pobreza energética; que los aumentos tarifarios vayan de la mano de los incrementos tarifarios; que se aumenten los criterios para acceder a la tarifa social; que se respeten los principios establecidos por el fallo de la Corte Suprema: Proporcionalidad, Razonabilidad, Gradualidad y No Confiscatoriedad. Además, la Defensoría del Pueblo presentó un proyecto de ley que establece la obligatoriedad de que los edificios nuevos cuenten con la infraestructura necesaria para que cada departamento tenga un medidor de agua individual.
