Además, introduce el concepto de pobreza energética (utilizado internacionalmente), para así establecer la línea de pobreza y de vulnerabilidad energética para jubilados con la mínima, y asalariados (SMVyM y SIPA), con datos de octubre 2018.En este primer cuadro, se presentan los porcentajes promedio de incremento en las tarifas de electricidad, gas y agua (sin medidor) desde el 2016 hasta el 2019, con los incrementos esperados que se tornan acumulativos sobre los ya acaecidos. El servicio de agua aumentó un 17% en enero, y se espera un 27% adicional de suba a partir del mes de mayo. Además, en ese mes, este servicio pasará a facturarse de manera mensual, como ya lo es para la luz o el gas natural. El incremento esperado para el 2019 ha de ser, entonces, del 48.59%.
En cuanto al servicio eléctrico, se espera el ajuste para el mes de febrero y la actualización será de acuerdo a la inflación entre los meses de agosto del año pasado y enero del actual. Según la información periodística, el aumento de la tarifa eléctrica estaría dividida en cuatro momentos del año: en febrero un 26%, en marzo un 14%, en abril un 4%, y en agosto otro 4% adicional. Dados que los aumentos son acumulativos, esto llevaría a un aumento final del 55.36% para agosto de este año.
El servicio de gas, también ha de incrementarse en este año. Según las fuentes periodísticas se espera que el gas aumente entre un 30% a 35% a partir del mes de abril.
Vemos, entonces, que para el caso de la electricidad, el aumento acumulado ascenderá a 2366%, mientras que para el gas ha de ser del 2812%, y por último, para el agua un 1533%.
En este informe, también se presentan datos sobre la evolución de algunas medidas representativas de ingreso, entre octubre 2015 y el mismo mes de 2018. Estas medidas de ingreso son: haber jubilatorio mínimo, Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM), y Salario Medio del Sector Privado (SIPA).
El SMVyM pasó de $4.716 a $10.700 en ese lapso de tiempo, presentando una variación positiva del 126.89%. Por su parte, el Salario Medio se movió desde $15.358 a $33.590, con una variación del 118.71%. Recordemos que el Salario Medio corresponde a la remuneración promedio del total de trabajadores registrados del sector privado del país en base a datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Finalmente, el haber jubilatorio mínimo pasó de $4.299 a $8.637 (con cambio de fórmula de movilidad desde el 2018), siendo un 100.91% superior tras el lapso de tres años.
En términos generales, cuando consideramos el ritmo inflacionario del último trienio, todas estas medidas salariales han perdido poder adquisitivo. Si tenemos en cuenta que la inflación del 2016 fue del 40.30%, la de 2017 de 24.80%, y la del reciente 2018 del 46.7%; tenemos un valor acumulado del 158.44%.
Finalmente, en el Informe se introduce el concepto de pobreza energética, y se lo relaciona con las medidas de ingreso recién presentadas.
La Pobreza Energética se define como la situación que sufren los hogares que son incapaces de pagar los servicios mínimos de energía que satisfagan sus necesidades domésticas básicas o que se ven obligados a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar las facturas energéticas de sus viviendas. La línea de pobreza energética se determina a partir del 10% del ingreso gastado en provisión de energía (tanto electricidad como gas); mientras que la línea de vulnerabilidad energética se determina a partir del 20% del ingreso gastado en el mismo concepto.
Sobre la base de lo anterior, un jubilado que percibe el haber mínimo, en octubre de 2018 se encontraba en situación de pobreza energética si su gasto energético ascendía a $863,70 o más por mes. Su situación sería peor, vulnerabilidad energética, si su gasto en energía ascendía a $1727.40 o más. La línea de pobreza energética para el Salario Mínimo Vital y Móvil desde octubre, es a partir de un gasto energético de $1070 o más por mes, siendo vulnerable energéticamente, a partir de $2.140 por mes.El concepto de pobreza energética introducido aquí, nos permite determinar que la suba de tarifas energéticas que lleven a que su peso exceda el 10% del ingreso de aquel que la consume, amplía el nivel de la pobreza en su concepción más amplia. Asimismo, nos brinda una justificación clara y precisa acerca de la necesidad de vincular la adecuación tarifaria con alguna medida de ingresos y su respectiva movilidad.
