De la reunión, que se llevó a cabo esta tarde en la sede central del organismo, ubicada en Avenida Belgrano 673, participaron el Subsecretario de Derechos Políticos y Ciudadanos, Norberto Darcy; la Subsecretaria de Derechos Urbanos, Espacio Público y Medio Ambiente, Bárbara Rossen; el Director de Servicios Públicos, Diego Mielnicky; el Director de Consumidores y Administrados, Gerardo Gullelmotti; y el Director de Transporte, Federico Conditi.
Durante el encuentro, se discutió sobre la necesidad de que el Estado aplique una tarifa alternativa o diferenciada a estos comercios, a pesar de que se trate de una actividad lucrativa. Asimismo, se relataron los principales cuestionamientos para presentar ante una Audiencia Pública y se conversó sobre la posibilidad de llevar a cabo una iniciativa legislativa en defensa de los pequeños comerciantes de la ciudad de Buenos Aires.
El propósito de la Defensoría es acompañar, asesorar y orientar a los numerosos comerciantes afectados por el fuerte impacto del aumento de tarifas.
El Defensor del Pueblo porteño, Alejandro Amor, había recibido anteriormente a los representantes de centros culturales y de clubes de barrio para hablar sobre las acciones posibles para que sus espacios sean beneficiados con la tarifa social.
En junio pasado, Amor junto a otros Defensores del Pueblo de todo el país se reunieron con el Ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, para solicitarle la ampliación de la tarifa social para las entidades sin fines de lucro y clubes de barrio, entre otros.
En ese encuentro, los Defensores le entregaron a Aranguren un petitorio en el que transmitían su “más profunda preocupación por el significativo impacto que han generado los aumentos en las tarifas de los servicios públicos domiciliarios (energía eléctrica, aguas y saneamiento y gas natural), que han afectado no sólo a los hogares y a los usuarios residenciales, sino también a los clubes de barrio, entidades de bien público en general, medianas y pequeñas empresas y pequeños comercios”.
