El jueves pasado, la Legislatura porteña votó un aumento del presupuesto de la Dirección General de la Mujer de la Ciudad que implica un 20 por ciento más para el órgano que se atiende a las víctimas de la violencia machista del gobierno de la Ciudad.
El aumento se logró después de la lucha sostenida de las trabajadoras del área, que recorrieron los despachos de los 60 diputados/as de la casa legislativa y también presentaron su reclamo a esta Defensoría del Pueblo.
Este organismo, a través del Centro de Atención de Niñez, Adolescencia, Género y Diversidad (CANAGyD), elaboró un documento que recoge los resultados de una indagación realizada por la Defensoría y aportes de las delegadas de la Dirección General de la Mujer, constata un decrecimiento del presupuesto del área y un proceso gradual de vaciamiento de servicios y programas.
Mediante la Recomendación (1213/16) le pidió a la Ministra de Hábitat y Desarrollo Humano, Guadalupe Tagliaferri, que “amplíe y fortalezca los equipos profesionales y no profesionales de los Centros Integrales de la Mujer (CIM), entre otros dispositivos; que aumente el presupuesto para el área y que cumpla con la ley que obliga al Ejecutivo porteño a abrir al menos un CIM por comuna”.
Al mismo tiempo, el Defensor Alejandro Amor, recibió a las trabajadoras del área Mujer e intercedió ante las autoridades del gobierno porteño para pedir que aumentaran la partida que el Ejecutivo había enviado en el proyecto de presupuesto para 2017 (ver foto).
Finalmente, el jueves se votó en la Legislatura una ampliación de 25 millones para la DGMuj (sobre los aproximadamente 86 del proyecto original). Aunque lejos de lo solicitado por las trabajadoras, el aumento es vivido como un logro.
«Es un paso importante en la ampliación de los servicios y programas tan estancados para el patrocinio jurídico gratuito y la contención psicosocial de las mujeres atravesadas por conflictos de violencia de género. Esperamos que los nuevos CIM sean organizados con equipos especializados de la Dirección General de la Mujer, sin tercerizarlos”, dijo María Elena Naddeo, directora general del CANAGyD.
Por otro lado, siguen vigentes los reclamos porque la apertura de los nuevos CIM previstos en la ley 5466. Esa norma fue votada en diciembre del año pasado, recogiendo un reclamo del colectivo #NiUnaMenos y establece que se deben ampliar los CIM a por lo menos uno por comuna “hasta cumplimentar el máximo de 1 (uno) cada 50.000 (cincuenta mil) mujeres por comuna”. Habiendo transcurrido ya un año del dictado de la ley, no se conoce a ciencia cierta cuál es el estado de implementación del nuevo dispositivo. Preocupan asimismo los indicios de que los nuevos CIM serían gestionados por organizaciones sociales.
