El proyecto propone la enajenación de algunos de los inmuebles en los que actualmente se encuentran ubicados los centros penales y prevé la creación de un centro socio educativo integral destinado al cumplimiento de medidas privativas de la libertad ambulatoria impuestas a adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal.
Cabe destacar que la posible instalación del centro modelo en el predio ubicado entre las calles Bonorino y Castañares despertó múltiples rechazos, en particular de las organizaciones de vecinos de la zona que reclaman esta fracción para viviendas y emprendimientos sociales desde hace tiempo.
«Desde la sanción de la Ley Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes la privación de libertad es la última instancia y el grupo a albergar viene decreciendo, con lo cual es posible pensar un centro moderno de dimensiones reducidas y en un territorio que no colisione con el vecindario» observó Naddeo, quien cuestionó la construcción del mega centro juvenil. Además, planteó la necesidad de no aprobar estos proyectos y constituir una mesa de trabajo con los distintos bloques partidarios de la Legislatura, la Defensoría del Pueblo, las organizaciones sociales y vecinales a fin de “construir una solución superadora, poniendo el bienestar de los chicos como prioridad».
También entregó un informe elaborado por la titular de la Conducción Ejecutiva de Derechos Humanos, Espacio Público y Medio Ambiente de la Defensoría, Bárbara Rossen, referido a destinar las tierras públicas objeto del proyecto de ley al proceso de integración socio urbana de la Villa 1.11.14.
