Durante el encuentro, Pozzali explicó que el aumento no perseguía la mejora de la seguridad vial ni de la calidad ambiental de nuestra ciudad, sino que su único objetivo es maximizar los ingresos de las concesionarias encargas de realizar la inspección. Asimismo, el Defensor del Pueblo Adjunto remarcó como la regulación argentina en materia de inspecciones vehiculares no solo es la más exigente de la región latinoamericana, sino también una de las más exigentes del mundo. Por último, señaló que esta era una oportunidad para tender hacia una política que no hostigue a los usuarios y que sea positiva en términos medioambientales.
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