Actualmente la Defensoría del Público protege, garantiza y difunde el derecho a una comunicación democrática. Esta Defensoría se ampara en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para realizar recomendaciones a titulares, autoridades o profesionales de los medios de comunicación social y presentaciones administrativas o judiciales en las que se ordene ajustar sus comportamientos al ordenamiento jurídico. Las recomendaciones que la Defensoría presente son, además, de carácter obligatorio.
Durante el encuentro ambos responsables acordaron líneas de trabajo en conjunto a fin de poder coordinar una protección integral de los derechos individuales y colectivos trabajando fundamentalmente sobre un nuevo mapa comunicacional desde el paradigma de los Derechos Humanos.
