La Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad de Buenos Aires llevó a cabo el jueves 21 de enero un operativo en el que se realizaron un total de 26 allanamientos a presuntos talleres y depósitos textiles clandestinos en las inmediaciones de la Avenida Avellaneda. Dichas inspecciones arrojaron como resultado la identificación de nueve depósitos clandestinos de ropa, juguetes y calzado, y once talleres textiles ilegales, los cuales fueron clausurados.
En los operativos, ordenados por el fiscal Luis Cevasco, se secuestraron 50 máquinas de coser y 400 bultos con prendas de vestir, calzados y juguetes. Además, se identificaron a más de 80 personas que vivían en esos domicilios que se utilizaban como depósitos y se secuestraron 8 camionetas que eran utilizadas para repartir la mercadería.
Desde la Subsecretaría de Derechos del Trabajo de la Defensoría del Pueblo porteña se llevan adelante diversas tareas para detener el trabajo en talleres clandestinos, el cual se desarrolla en condiciones infrahumanas, agravándose la situación hasta niveles donde se detectan trata de personas, condiciones de esclavitud y trabajo infantil. Es por este motivo que los allanamientos y el desmantelamiento de estos talleres y depósitos debe ser recibido como una noticia positiva.
No obstante, hay dos factores que no se deben dejar sin mencionar. La agencia informó en un comunicado que en los depósitos se almacenaba y confeccionaba mercadería que después se comercializada en espacios públicos de la avenida Avellaneda. Sería positivo que las investigaciones e inspecciones apuntaran, también, a los comercios que venden estos productos no sólo en la vía publica sino también en locales habilitados, desde los ubicados en la zona mencionada hasta los emplazados en shoppings, donde es de público conocimiento que cierto porcentaje de los productos son confeccionados en talleres clandestinos o irregulares.
Por otro lado, tampoco se informó las medidas a tomar para contener a los trabajadores, quienes son los principales afectados. Se deben llevar adelante acciones que permitan su reinserción en el mundo laboral en condiciones dignas, y no dejarlos abandonados a tener que ofrecer nuevamente su fuerza de trabajo y su salud a estas mafias.
Por todo esto, desde la Defensoría del Pueblo se esperan nuevos avances en todo lo necesario para combatir el trabajo clandestino, pero siempre intentando brindar una respuesta amplia que incluya a todos los perjudicados por esta práctica ilegal .
