En los hoteles inspeccionados, se detectaron construcciones precarias (en muchos casos de madera sin tratamiento ignífugo); garrafas conectadas a anafes sin ningún tipo de seguridad; desprendimientos de revoques y mampostería; vidrios rotos; escaleras y terrazas sin barandas; y ausencia de matafuegos, luces de emergencia y carteles de salida.
Dichas irregularidades son aún más graves teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad social de los alojados y la gran cantidad de menores de edad que viven en este tipo de establecimientos, por lo cual se solicitó la intervención de la Dirección General de Fiscalización y Control, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, y la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias.
Oportunamente las Resoluciones 1856/17 y 469/19 habían recomendado a dichos organismos la realización de inspecciones periódicas y el cumplimiento de las clausuras. Además, se había solicitado a la subsecretaría de Fortalecimiento Social y Comunitario dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano que se arbitraran los medios necesarios a fin de ofrecer contención social y orientación a las familias.
La Resolución 238/20 amplió dichas recomendaciones a nuevos domicilios y pidió que se informe sobre las medidas tomadas con relación a las denuncias anteriores.
Por último, se puso en conocimiento a la Procuración General de la Ciudad y al Instituto de la Vivienda.
