Bandera Argentina
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Alejandro Amor: «Si estas audiencias públicas no son vinculantes terminarán transformándose en un mero formalismo»

El Defensor del Pueblo porteño y presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) fue el primer orador hoy en la audiencia pública realizada en el Teatro de la Ribera para discutir la Propuesta de Adecuación Tarifaria de AySA para el agua.

Reclamó que las audiencias públicas sean vinculantes; recordó que los incrementos tarifarios de los servicios públicos esenciales (luz, gas y agua) impactan de lleno en el poder adquisitivo de los trabajadores, por lo cual exigió que se establezca una «tarifa social única» que proteja a los sectores más vulnerables de la población; ratificó su apoyo a los principios establecidos en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en el tema tarifas («propiorcionalidad, progresividad, no confiscatoriedad y razonabilidad») y remarcó la importancia de que las Defensorías del Pueblo estén representadas en la comisión que se creó para trabajar en el mejoramiento de la tarifa social y también de los medidores. Además, pidió que el nuevo cuadro tarifario sea acompañado por una ley del Congreso Nacional.

 

A continuación reproducimos la transcripción de su alocución:

Antes que nada quiero destacar la decisión de darle continuidad a esta audiencia en el día de mañana para que puedan estar presentes todos los oradores que hoy no pudieron llegar por el paro. De otra manera se podría haber cuestionado la legitimidad de esta audiencia pública.

Las audiencias son individuales para cada uno de los servicios o para las empresas de acuerdo a los servicios. También son individuales los incrementos que se establecen en cada una de estas audiencias. Pero para las personas y las familias que las reciben, no son individuales. Todos los incrementos establecidos en las diferentes audiencias públicas recaen en los mismos bolsillos: los de los vecinos. Por lo tanto, desde el Estado se debe tener en cuenta que el impacto irá directo al patrimonio y la capacidad de pago de cada una de las familias y de las personas.

En ese sentido salen a la luz las dos definiciones que existen sobre Pobreza Energética. Inglaterra tuvo la primera definición en el año 1999, con una actualización en el año 2013. Allí se sostuvo que cualquier familia que destine más del 50% de su dinero al pago de servicios públicos esenciales habrá caído en la denominada pobreza energética. Otra definición es que hay pobreza energética cuando las familias no tienen acceso a la red de agua potable, a las cloacas y al servicio de energía, como le sucede a miles de porteños. 

Desde la Defensoría del Pueblo reconocemos la creación de la comisión para trabajar en el mejoramiento de la tarifa social y también de los medidores. Y queremos la incorporación de todos los Defensores del Pueblo en esa comisión. No es una imposición, es simplemente la expresión de quienes representamos a vecinos que, en toda la Argentina, padecen estas situaciones.

Estamos de acuerdo con los incentivos para el ahorro y reconocemos que estamos frente a un cambio cultural muy claro, donde se plantea una modificación sustancial en la forma de facturación. Sobre esto, desde la Defensoría del Pueblo porteña advertimos los siguientes puntos:

-Hay que tomar en cuenta los dos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) sobre el modelo de facturación y la situación de los medidores, tomando en cuenta a los consorcios.
-En la Ciudad de Buenos Aires el 73% de los vecinos viven en edificios.
-Hacemos nuestros permanentemente los cuatro principios que la Corte Suprema estableció en su fallo del año pasado: propiorcionalidad, progresividad, no confiscatoriedad y razonabilidad. Y no hay razonabilidad en este caso, cuando hablamos de la tarifa social en un edificio. ¿Por qué? Porque al aplicarle la tarifa social a un vecino que vive en un edificio al cual se le colocó un medidor, se le está prorrateando el costo del agua en el total de los vecinos del edificio y aquel que es beneficiario de la tarifa social lo estará pagando con las expensas. Por lo tanto acá no hay razonabilidad y debe tratarse con absoluto criterio y sentido común.

También advertimos que el nuevo cuadro tarifario modifica el sistema de definición de las facturas actuales que está establecido por una ley del Congreso de la Nación. Por lo tanto, entendemos que esta modificación merece y debe ser tratada también por una ley del parlamento, bajo el riesgo de que cualquier particular que se sienta afectado pueda presentarse en la Justicia planteando claramente que la otra ley sigue vigente y que no se está respetando ese criterio.

Sobre la tarifa social, los Defensores del Pueblo tenemos una posición que hemos fijado desde el primer día de forma muy clara: no tiene sentido tratar a las tarifas sociales de forma diferenciada. Claramente la del agua es la más amplia. Pero es siempre el mismo Estado el que se está parando frente a una persona en situación de vulnerabilidad por distintas razones. Entonces, ¿por qué son distintas, si el Estado es uno solo? La tarifa social debe ser única y con los mismos niveles de accesibilidad uniformes para todos. Quien tiene imposibilidad de pagar la tarifa del gas y por eso debe ir a la tarifa social del gas, está frente a la misma situación en el caso de la luz o el agua. Por lo tanto, el Estado debe buscar proteger a las personas que más lo necesitan. Por eso reclamamos una tarifa social única con criterios idénticos en los casos del agua, la luz y el gas.

Y por último, es importante mencionar que la Corte Suprema ha modificado el criterio de que las Audiencias Públicas no son vinculantes. Ha dicho que hay que tomar en cuenta los informes técnicos. Desde las Defensorías del Pueblo de la República Argentina pedimos que los informes técnicos solventes en las audiencias públicas sean vinculantes. Cuando un informe técnico presentado por un particular con una asociación de consumidores o con una Defensoría del Pueblo, es solvente, debe ser vinculante en las audiencias. De otra manera, las audiencias serán un mero formalismo, una instancia en la que venimos y decimos lo que pensamos, pero que no terminan siendo importantes para beneficiar a las personas que representamos y por las cuales venimos acá. Que son las mismas personas que votaron a quienes marcan el rumbo del Estado y que son a las que las empresas les brindan el servicio.  

Audiencia por aumento de tarifas en el servicio público esencial del agua

Publicado por Alejandro Amor en Jueves, 6 de abril de 2017