En el encuentro -del que también participaron Roberto Baigorria, titular del Consejo de Organizaciones Sociales de la Defensoría, y Camila Carril, subdirectora de Migrantes de la institución- también dialogaron sobre la firma de un convenio particular con la Defensoria por la importancia de la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires en lo que hace a la implementación de la política migratoria. En especial, se discutió sobre los cambios operados a partir de la sanción del DNU 70/17, decreto sobre el que este organismo ya se ha pronunciado por los retrocesos que implica en materia de garantías mínimas del debido proceso, derecho de acceso a la justicia, igual protección de la ley y no discriminación. A su vez, los líderes de la red señalaron los abusos y maltratos a los que está dando origen el decreto 68/17, en especial, en las fronteras de La Quiaca-Villazon y Ciudad del Este- Foz de Iguazú- Puerto Iguazú.
La reunión abrió así un nuevo canal de diálogo que refuerza el rol de esta Defensoria del Pueblo como actor local en materia migratoria.
