Del evento, que se realizó en la sede ubicada en Av. Belgrano 673, participaron también el presidente del Consejo Económico y Social, Federico Saravia, y el secretario general del Sindicato del Personal No Docente de la Enseñanza Privada (SAEOEP), Guillermo Marconi.
En palabras de apertura, Alejandro Amor, destacó que «para la institución es una gran responsabilidad presentar este programa. El trabajo con las universidades potencia a las defensorías del pueblo. Los proyectos presentados son de temáticas profindas y van a generar debate». Por su parte, Guillermo Marconi expresó que se pudo llegar a este Programa «debido al trabajo continuo que lleva adelante la Defensoría del Pueblo».
El programa Banca 62 se trata de una propuesta de la Defensoría del Pueblo porteña que busca compartir la iniciativa legislativa con las universidades de la Ciudad de Buenos Aires, con el objeto de aportar soluciones a los problemas de la Ciudad y sus habitantes con rigor y calidad académica.
Las distintas etapas del proyecto son:
-La definición de las propuestas y ejes temáticos. Identificación del interlocutor por cada universidad.
-La conformación de un Consejo de Coordinación Estratégica para el seguimiento de los proyectos.
-La elaboración de los proyectos de ley.
-La realización de una jornada de trabajo entre el Defensor del Pueblo y las distintas universidades (que sucedió hoy).
-La presentación de los proyectos y la reunión con los bloques legislativos (la única que resta).
Las casas de altos estudios comprendidas en el convenio son la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), la Universidad de Belgrano (UB), la Universidad Católica Argentina (UCA), la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), la Universidad de Palermo (UP) y la Universidad del Salvador (USAL).
Todas las casas de estudio presentaron sus proyectos: la USAL elaboró una iniciativa sobre información y publicidad de servicios educativos de gestión privada; la UB propuso la creación del Fuero en lo Contencioso Administrativo, Tributario y Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires; la UCES propuso crear un Centro de Estudios y Observatorio para el Desarrollo de Empresas y el Trabajo; la UCA elaboró un Programa para la Integración de las personas en situación de externación; la UADE propone la incorporación del término “Edificios Reguncionalizados con Condiciones Constructivas y Funcionales de Sostenibilidad (ERCCyFS)” al Código de Edificación; y la UP propuso crear un Registro de las Pymes dedicadas a la exportación de servicios de la Ciudad.
Del evento participaron, por la USAL: Luciana Tondello, vicerrectora de Investigación y Desarrollo; María Eugenia Martese, colaboradora académica de la Facultad de Historia, Geografía y Turismo; Livia Uriol, directora de la Carrera de Abogacía; Sergio Sebastían Barocelli, docente de Especialización en Contratos y Derecho de Daños, y Andrea Visiconde, docente de la Facultad de Derecho. Por la UP: Luis Brajterman, secretario Académico de la Facultad de Ciencias Sociales, y Diana Silveyra, responsable del Centro de Desarrollo para Emprendedores y Exportadores de la Facultad de Ciencias Económicas. Por UCES: Norberto Quaglia, coordinador Académico de la Carrera de Ciencia Política, y Enrique Farías, especialista en temas de Desarrollo Empresarial. Por la UCA: Jorge Nicolás Laferriere, coordinador del Equipo Interdisciplina y Salud Mental, y Daniel Villa, del Centro de Graduados. Por la UADE: Nicole Michel, docente asociada de la Facultad de Arquitectura, y Kevien Sueiro, Adscripto al Rectorado. Por la UB: Dino Bellorio Clabot, Decano de la Facultad de Derecho, y Maximiliano Macaluse, especialista en Derecho Ambiental.
Por parte de la Defensoría del Pueblo porteña participaron también la titular de la Unidad de Política Institucional, Dolores Gandulfo; el titular de la Unidad de Enlace Legislativo, Sebastián Lara; el subsecretario de Derechos Políticos y Ciudadanos, Norberto Darcy, y la subsecretaria Derechos Urbanos, Espacio Público y Medio Ambiente, Bárbara Rossen.
