“Desde las Defensorías creemos en la necesidad de un cambio cultural: salir de la lógica de la seguridad interna marcada por el proceso militar y entrar en una lógica de seguridad ciudadana con fuerzas de seguridad democráticas”, manifestó Amor en su exposición.
Para el Defensor porteño, esta lógica implica que la policía debe ser responsable ante la ley y no ante el Gobierno, y que debe proteger los derechos humanos, rendir cuentas y atender las necesidades de los ciudadanos. “La gestión policial democrática implica prácticas legales, dentro de la ley, practicas legítimas y prácticas profesionales”, explicó.
A su vez, hizo hincapié en la cantidad de denuncias por violencia institucional de las fuerzas de seguridad recibidas por la Defensoría: más de 100 el año pasado y cuatro denuncias penales en lo que va de este año.
Al respecto, la Defensoría desarrolla un fuerte trabajo en la formación de las fuerzas de seguridad de la Ciudad. Desde el organismo se ha solicitado que se amplíe a tres años el proceso de formación y se trabaje sobre cómo utilizan la fuerza y cómo se aplica la normativa. El objetivo es terminar con la lógica del desacato a la autoridad, que se utiliza como una herramienta para poder detener a cualquier persona en cualquier situación.
Amor consideró que la normativa, además de trabajar sobre el resarcimiento a las víctimas y la recepción de las denuncias, debe tener en cuenta la ley de datos personales con la finalidad de proteger a los denunciantes.
Por último, declaró que las Defensorías del país van a acompañar y trabajar con el proyecto, bajo el entendimiento de que con este debate “se abre de nuevo esta puerta y esta ventana, para poder salir hacia toda la Argentina a construir todas estas herramientas para no tener nunca más víctimas de la violencia institucional, sea cual fuera la fuerza de seguridad, sean federales o locales”.
