De la jornada -que había sido suspendida la semana pasada por manifestantes que ingresaron al recinto- participaron el titular de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), Juan Pablo Piccardo, legisladores porteños como Gabriel Fucks (Frente para la Victoria), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Marcelo Ramal (Frente de Izquierda), entre otros, y representantes de asociaciones de consumidores y organizaciones sociales, que argumentaron sobre las consecuencias en el bolsillo de la ciudadanía que generaría un incremento de la tarifa de subte de $4.5 a $7.5.
El Defensor del Pueblo porteño comenzó su disertación con críticas a la actual gestión del subte. “Antes que nada tengo que aclarar que soy crítico de la concesión de Metrovías, que comenzó con un modelo de reducción horaria de la prestación del servicio a cambio de inversiones. No es necesario hacer una evaluación técnica de alta precisión para darse cuenta que esas inversiones prometidas nunca se realizaron y sin embargo la prestación del subte sigue reducida”, explicó Amor y agregó: “Por esa razón la Defensoría del Pueblo porteña presentó un proyecto para pedir que el servicio retorne a la misma cantidad de horas que tenía antes de la concesión”.
Luego, el Defensor del Pueblo expuso las dos principales propuestas de la Defensoría respecto de la tarifa del subte: la creación de una tarifa integrada de transporte y la ampliación de la tarifa social de transporte. “En la Ciudad de Buenos Aires ingresan por día más de 3 millones de personas, que se suman a los alrededor de 2.9 millones de personas que vivimos aquí. Los vecinos que ingresan utilizan en su mayoría dos o tres medios de transporte. En general tren y colectivo o colectivo, tren y subte. La Defensoría propone que se cree una tarifa integrada de transporte para que quienes realizan dos o tres viajes diarios tengan entre un 33 y un 40% de descuento en el total del costo del viaje”.
Para graficar la importancia de ampliar la tarifa social, Amor dio el ejemplo de las “alrededor de 600 mil trabajadoras domésticas que viven en la Provincia de Buenos Aires y trabajan en la Ciudad”. Para el Defensor, “sería importante cruzar datos con el Ministerio de Trabajo, porque muchas de esas trabajadoras reciben planes sociales bonaerenses que no son reconocidos entre los requisitos para recibir la tarifa social porteña. Por eso queremos que se revea el tema de la tarifa social”.
Por último, el también presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) comentó que en la Defensoría del Pueblo porteña llegaron decenas de reclamos por las condiciones de accesibilidad de muchas estaciones de subte. “Como Defensoría del Pueblo vamos a plantearle al titular de Sbase la necesidad de que realice un seguimiento y establezca un plan claro de inversiones para la accesibilidad en subterráneos. Vamos a controlar desde la Defensoría los compromisos asumidos”.