La idea es que esta herramienta pueda ser utilizada para pensar, diseñar e instrumentar políticas públicas que tengan como meta la satisfacción de necesidades postergadas y el reconocimiento de los derechos de los y las habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El documento establece que la medición se realizará a través de una serie de indicadores elaborados por CEDESU, con el objetivo de captar la multiplicidad de factores que deben ser considerados a la hora de evaluar la desigualdad socio-económica de los habitantes de la Ciudad. Las áreas que serán consideradas para elaborar dichos indicadores serán: Educación, Salud, Género, Vivienda y Hábitat, Empleo, Seguridad y Violencia, y Transporte.
Además de Amor y Hagman, durante la firma estuvieron presentes Dolores Gandulfo, directora de la Unidad de Política Institucional de la Defensoría, Flavia Hernandez, coordinadora del Programa de Estudio, Investigación y Opinión Pública de la institución y todo el equipo de CEDESU.
