El alojamiento en las alcaidías de personas con penas privativas de libertad y consecuente sobrepoblación, motivó la Recomendación I/2020 del Comité Local de Prevención de la Tortura-que funciona en el ámbito de este organismo- (de fecha 21 de abril de 2020).
En la citada recomendación se expresó que las alcaidías de la Policía de la Ciudad no cumplen con los requisitos necesarios para el tipo de alojamiento prolongado que implica una prisión preventiva –o condena-, siendo establecimientos creados para el alojamiento transitorio hasta su libertad o traslado al Centro de detención que dispongan las Autoridades Judiciales o a los Servicios Penitenciarios. Se encomendó a los Señores Jueces y Fiscales a “tener presente la especial situación por la que atraviesa el país y el mundo, así como la imposibilidad del Estado de garantizar la integridad física de las personas privadas de la libertad, antes de dictaminar en forma negativa o resolver rechazando las solicitudes de libertad asistida, libertad condicional o la prisión domiciliaria…”. Asimismo se recomendó disponer el realojamiento de las personas alojadas en alcaldías de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, requiriendo al Servicio Penitenciario Federal el otorgamiento inmediato de cupos en sus Complejos penitenciarios.
La situación que motivó la Recomendación I/2020 continúa viéndose en la actualidad agravada y generalizada en todas las alcaidías porteñas. En el marco del seguimiento realizado por Unidad de Aplicación del Mecanismo de Prevención de la Tortura de la Defensoría, se observa con preocupación que esta saturación de las alcaidías (estando su capacidad máxima cubierta), las personas aprehendidas y detenidas en flagrancia cotidianamente deben permanecer en las comisarías de la Policía de la Ciudad a la espera de cupo en las alcaidías.
La situación previamente descripta se ve aún más agravada por la confirmación de seis casos de COVID-19 positivos en alcaidías de la Ciudad, lo que implica un nuevo riesgo para la población alojada y que transita cotidianamente por estos dispositivos, como así también para personal policial que trabaja en las mencionadas dependencias.
En virtud de lo detallado, resulta imprescindible que las autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Nación, a través de las reparticiones correspondientes, conjuntamente con las Cámaras Criminal y Correccional Nacional y la Cámara PPJCyF porteña que trabajen articuladamente en pos de encontrar una pronta solución a la problemática planteada.
