A modo de apertura, la secretaria general y titular del Consejo de Derechos Humanos del organismo, Silvina Pennella destacó el compromiso de la Defensoría con la Agenda 2030 y señaló que el objetivo de la jornada es “fortalecer las capacidades institucionales para incidir y acompañar de la mejor manera el proceso que tenemos por delante”.
Recordó además que “la Agenda 2030 es una nueva hoja de ruta internacional que, ante la inviabilidad de los patrones dominantes, plantea un nuevo modelo de desarrollo y la necesidad de un cambio de paradigma”.
Asimismo, reivindicó las vinculaciones entre los principios fundantes de la Agenda y los derechos humanos, expresados en los tratados e instrumentos internacionales: “Esta estrecha vinculación es uno de sus más importantes aciertos y desafíos”.
En relación a la importancia de los gobiernos locales en la articulación de programas, acciones y políticas, aseguró que se trata de una agenda global y local, y que “es en las ciudades donde hay que construir un nuevo desarrollo”.
Por último, se refirió al rol crucial de las Defensorías del Pueblo en la implementación y monitoreo de la Agenda, así como en la promoción de espacios de intercambio y participación, y la construcción de indicadores y un sistema estadístico: “La presencia de las Defensorías del Pueblo genera un efecto catalizador en la consecución de un futuro más justo e inclusivo”.
El Defensor del Pueblo Alejandro Amor señaló que “es imposible no reconocer que existe un paralelismo entre el contenido de la encíclica Laudato Sí del Papa Francisco y la Agenda 2030. El lema principal de la Agenda 2030 es ‘no dejar nadie atrás’ y la encíclica habla de ‘la sociedad del descarte’. Los que no deben quedar atrás son los sectores vulnerables, a los cuales el papa Francisco ubica en los extremos de la sociedad, los más chicos y los más ancianos”.
Además, recordó que “desde la Defensoría del Pueblo hemos tomado como propios muchos de estos argumentos en lo que fue nuestro trabajo durante las audiencias públicas de servicios públicos esenciales. Porque si una familia no tienen acceso al agua potable o a la energía, o destina más del 50% de sus ingresos a pagar los servicios públicos esenciales, se la considera pobre energéticamente. Y si queremos arribar a la meta aspiracional de la pobreza cero primero hay que terminar con la pobreza energética en la Argentina”.
“Me parece una decisión acertada que los dirigentes políticos que fuimos elegidos con el propósito de cambiar la realidad tomemos el contenido de la Agenda 2030 y de Laudato Sí y lo llevemos adelante. Es responsabilidad de los dirigentes resolver los problemas. El Estado debe asumir un rol protagónico y convocar a la sociedad civil”, concluyó Amor.
Martin Abeles, director de la Oficina de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Argentina, se refirió al contexto de la Agenda 2030 y sus objetivos, así como los desafíos para Latinoamérica y el Caribe.
Por su parte, Gabriela Agosto, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, disertó sobre el proceso de adaptación de la Agenda en el plano nacional, provincial y local.
A continuación, se firmó un convenio marco de cooperación entre la Asociación de Defensor del Pueblo de la República Argentina y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, para avanzar en la implementación de la Agenda 2030.
El documento fue suscripto por Alejandro Amor, en su calidad de presidente de ADPRA, y Gabriela Agosto, secretaria del CNPCS. Además estuvieron presentes Rocío Fernández (Defensora del Pueblo de Escobar), Silvia Caprino (Defensora del Pueblo de La Matanza), Alejandro Gorrini (Defensor del Pueblo de Lanús), y representantes de las Defensorías del Pueblo de Buenos Aires y Santa Fe.
En la segunda parte de la jornada, se realizó un primer panel sobre “La implementación de la Agenda en el plano subnacional e integración de los Objetivos de Desarrollo (ODS) en la planificación y en el presupuesto local”, donde participó David Groisman, director general de Gestión Estratégica de la Secretaría General y Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Luego, en relación al “Enfoque de Derechos Humanos y los Desafíos de la Agenda 2030 asociados al trabajo”, expusieron Valeria Correa, asesora técnica en derechos humanos de la Oficina del Coordinador Residente de Naciones Unidas en Argentina, y Pedro Furtado de Oliveira, director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Argentina.
Por último, se llevó a cabo una presentación a cargo de Tatiana Leanza, coordinadora de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Red Argentina de Cooperación Internacional (RACI), y María José Alzari, del Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible (CEADS), acerca del “Rol de la sociedad civil, desafíos y posibilidades, responsabilidades compartidas pero diferenciadas”.
Antes de finalizar el encuentro, el Defensor del Pueblo porteño Alejandro Amor firmó otro convenio de cooperación y asistencia con el secretario general y de Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad, Fernando Straface.
Amor manifestó que “las situaciones de adversidad están hechas para los valientes y, en la actualidad, hacernos cargo de la agenda 2030 es sin dudas una situación de adversidad para gente con valor”.
Para concluir, Straface expresó que la Agenda 2030 marca un camino que en algunos casos es “aspiracional” porque “quizás nos quede demasiado lejos”, pero en otros, para la Argentina y específicamente para la Ciudad de Buenos Aires “con mucho orgullo podemos ir mostrando que estamos cerca de lograr algunas metas”.
¿Qué es la Agenda 2030?
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un plan de acción que fue adoptado por los Estados en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2015.
Esta Agenda plantea 17 Objetivos de Desarrollo (ODS) con 169 metas de carácter integrado e indivisible, cuya implementación y eficacia dependen en gran medida del trabajo coordinado y de la alianza de todos los actores sociales y políticos (entes no gubernamentales, ONG, sector privado, sector público, OI).
Por medio de este instrumento, se busca lograr un desarrollo sostenible que equilibre la protección social con la economía y el medio ambiente desde un enfoque de derechos humanos.
Descargar documento El rol del Defensor del Pueblo en la Agenda 2030
