“Como es de público conocimiento, fue requerida su intervención por la Administración Pública Nacional y en virtud de ello y para mejor proveer, consideramos oportuno ofrecer nuestro conocimiento en la problemática, habida cuenta de contar con Defensorías del Pueblo provinciales y municipales a lo largo y ancho de la República Argentina”, reza el comunicado de ADPRA que fue dirigido a Lorenzetti.
Las instituciones que componen ADPRA son la primera instancia de contacto con la población y los lugares en que se deposita la confianza de los vecinos para la resolución de sus problemas cuando se ven vulnerados sus derechos. En ese marco, y conociendo las consecuencias que pudiere provocar un aumento de tarifas, los representantes de las Defensorías del Pueblo del la Argentina se reunieron en el mes de enero de 2016 con el ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, para prevenirlo de la realización de audiencias públicas y de la contemplación de un régimen de exenciones a las personas más desprotegidas. Y volvieron a reunirse en junio.
Sin embargo, el texto asegura que el mensaje de ADPRA no logró convencer al Gobierno Nacional. “Por ello y por muchas experiencias que pueden llegar a ilustrar la problemática en cada rincón de nuestro país, es que ofrecemos nuestra presencia en caso de ser necesitada, para la tarea de colaborar en encontrar la solución que los habitantes merecen y que por derecho les corresponda”, concluye el comunicado.
DOCUMENTO de la ASOCIACIÓN de DEFENSORES del PUEBLO de la REPÚBLICA ARGENTINA (ADPRA)
Los Defensores del Pueblo de la Argentina, se manifiestan en relación a los recientes anuncios oficiales en torno al aumento tarifario en los servicios públicos por parte del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, en los siguientes términos:
1- Reafirmamos nuestra solicitud de convocatoria a Audiencias Públicas previas al tratamiento de un nuevo Régimen Integral Tarifario, para el servicio público esencial de energía eléctrica, gas natural y agua. Ello en virtud de los derechos y garantías expresamente consagrados en la Constitución.
2- Asimismo, insistimos en ampliar los términos actuales en torno al régimen de Beneficiarios en la Tarifa Social en todos los servicios públicos, contemplando a los usuarios que pese a no encuadrar en las causales establecidas, su situación económica particular le impide afrontar el pago pleno de la tarifa. También solicitamos una revisión en relación a las causales de exclusión. Particularmente, requerimos que al momento de solicitud de ingreso al Registro, se efectivice la inclusión provisoria al mismo hasta su incorporación definitiva, procediéndose a la refacturación de la boleta de servicio emitida sin el mencionado beneficio, sin que ello implique el corte de suministro.
3- Por su parte, plantemos nuevamente la imperiosa necesidad de que el Ministerio de Energía y Minería de la Nación proceda a la reglamentación de la Ley 27.218, la cual establece un Régimen Tarifario Especifico en todos los servicios públicos esenciales a las Entidades de Bien Público. Reconociéndoles a las mismas, el rol social que ocupan para la comunidad, ello muchas veces como consecuencia de la ausencia del propio Estado.
4- Por último, requerimos que al momento de la elaboración de un nuevo Régimen Integral Tarifario se contemple muy especialmente las economías regionales, las particularidades geográficas-climáticas del país, las zonas poblacionales en estado de vulnerabilidad social, las zonas que solamente cuentan con energía eléctrica y no con red de gas domiciliaria, y la situación que atraviesan las Pequeñas y Medianas Empresas ( PYMES), las cuales muchas de ellas se encuentran frente a la decisión límite de afrontar el pago de los servicios o despedir trabajadores.
Consecuentemente, solicitamos para los mismos para los mismos un Régimen Tarifario Promocional.
El comunicado de ADPRA, con el sello de la CSJN
