Durante su intervención, Muiños destacó la importancia de fortalecer la articulación entre los organismos del Estado para garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en familia. “Garantizar el derecho a vivir en familia implica acompañar también después de la adopción”, aseveró.
En ese sentido, recordó que en 2023 la Defensoría del Pueblo impulsó el primer encuentro sobre adopción, procesos y desafíos, que permitió identificar prejuicios, sesgos y mitos en torno al sistema, y puso en evidencia la falta de coordinación entre los organismos que intervienen en los procesos adoptivos. A partir de ese diagnóstico, en 2024 se conformó una mesa interinstitucional cuyos integrantes firmaron un compromiso para agilizar y promover las adopciones. El acuerdo se tradujo en capacitaciones, en circuitos más ágiles para acceder a documentación básica y en la eliminación de trabas burocráticas. Además, próximamente se publicarán dos guías: una para docentes que acompañan a chicos y chicas que atraviesan una adopción, y otra para familias separadas temporalmente por medidas de protección excepcional.
La Defensora señaló también que el trabajo ya se extiende a otras provincias, en el marco de la Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina. “Como decimos siempre, el derecho a la familia no reconoce fronteras interjurisdiccionales”, sostuvo.
Otro de los ejes de su exposición fue el acompañamiento a las y los jóvenes que egresan de hogares convivenciales al cumplir la mayoría de edad. Muiños destacó la ley, impulsada por la Defensoría del Pueblo, que garantiza oportunidades de empleo estable en el Estado porteño para jóvenes sin cuidados parentales. Actualmente, alrededor de 40 de ellos trabajan en organismos como la Justicia de la Ciudad, la Legislatura, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría General, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal. “Somos funcionarias ambiciosas, trabajamos por la integralidad y estamos haciendo un seguimiento cuerpo a cuerpo”, expresó.
Por último, advirtió que muchas familias no avanzan en la decisión de adoptar por falta de recursos para afrontar las complejidades de algunas infancias bajo protección del Estado, y que las niñas, niños y adolescentes con discapacidad enfrentan barreras aún mayores, un tema que la Defensoría trabaja junto con la Asociación Civil Doncel. “Si vamos a garantizar el derecho a vivir en familia, hay que hacerlo con todas las herramientas que el Estado dispone”, afirmó.
La jornada contó con tres paneles moderados por la periodista Tatiana Schapiro, en los que expusieron la diputada Aldana Crucitta, vicepresidenta de la Comisión de Niñez, Adolescencia y Juventud; Victoria Morales Gorleri, presidenta del CDNNyA; Lucila Califano, jueza nacional de Familia; Laura Grindetti, asesora general tutelar adjunta del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad; Juan Menéndez, director nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (DNRUA); Felicitas de Lasa, directora general de Asistencia a la Víctima del Ministerio de Justicia porteño; y Natalia Calviño, subsecretaria de Capital Humano del Ministerio de Seguridad de la Ciudad. También participaron representantes del Poder Judicial, universidades, colegios profesionales, organizaciones sociales, hogares convivenciales y equipos técnicos, junto con familias adoptivas, personas que atraviesan procesos de adopción y quienes desean adoptar.

