El estudio, construido a partir de las experiencias de 1000 profesionales de todo el país, fue presentado por la Defensora del Pueblo porteña, María Rosa Muiños; Silvina Heguy, del equipo de dirección de Anfibia; Ezequiel Ipar, en representación del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismo de la Universidad Nacional de San Martín (LEDA-UNSAM), y Pablo Gordon, director general de Investigaciones y Gestión de los Conocimientos de la Defensoría.
El relevamiento muestra que la violencia digital está extendida y que, en muchos casos, adopta formas graves: una de cada cuatro víctimas recibió amenazas de muerte o de violencia física, sufrió doxing o deepfakes, o padeció la difusión de contenido sexual no consentido. Además, la frecuencia de los ataques profundiza el daño a la salud mental, ya que el 40% de quienes los sufren de manera sistemática calificó su impacto como grave.
La encuesta también evidencia una relación directa entre violencia y autocensura. Entre quienes la padecen de forma sistemática, el 82% evitó publicar o investigar determinados temas por temor y el 53% se retiró de la conversación pública. A esto se suma la falta de respaldo: más de la mitad de las víctimas (53,2%) no recibió ningún tipo de apoyo del medio en el que trabaja.
María Rosa Muiños subrayó la importancia de este relevamiento y el compromiso de la institución que conduce con la garantía del derecho de acceso a la información, y convocó a instalar esta problemática en el debate público. Sostuvo que “la violencia digital implica una afectación a los derechos de todos —no solamente hacia quienes ejercen el periodismo— porque restringe el acceso a la información”. En ese sentido, se refirió a la autocensura de periodistas que, “sin haber sido atacados directamente, ven cómo sus colegas sí lo son y limitan su trabajo en consecuencia”.
Por su parte, Silvina Heguy señaló que la violencia digital sistemática tiene “consecuencias reales en la salud mental de los periodistas” y un efecto inhibidor sobre la profesión, en un contexto de precarización laboral. “El periodismo, entendido como colectivo, tiene una función pública: es un pilar de la democracia. Un periodismo débil también hace a una democracia débil”, concluyó.
A su turno, Pablo Gordon explicó que el relevamiento partió de la hipótesis de que “las múltiples crisis contemporáneas se expresan en un malestar con la democracia”. En esa línea, destacó que la labor periodística, la libertad de expresión y el acceso a la información son centrales para analizar un contexto en el que “el diseño y gobierno de las tecnologías de información se nutren de estos discursos que promueven el odio y la discriminación”.
Para ver la encuesta completa ingresar a https://www.calameo.com/defensoriacaba/read/00268239902b24df09e93