Durante la actividad, que se realizó el miércoles 2 de septiembre, Muiños explicó que el organismo aborda la prevención y la atención integral en discapacidad a través de un área específica, entendiendo que se trata de derechos atravesados por otros: civiles, políticos, sociales y económicos. Precisó que los reclamos y consultas ascendieron a 7.588 entre diciembre de 2023 y julio de 2026, y que los dos temas de mayor crecimiento son las Pensiones No Contributivas (PNC) por incapacidad laboral y los incumplimientos de la Ley N° 24.901, norma que obliga a obras sociales y prepagas a cubrir el 100% de tratamientos, terapias, educación y apoyos. Sobre las PNC, ponderó la articulación con la Secretaría Nacional de Discapacidad para agilizar la adjudicación de pensiones y la reactivación de trámites, y recordó los operativos de asesoramiento que la Defensoría llevó adelante en 2025 en la sede del entonces ANDIS, frente a la baja de más de 110.000 pensiones por invalidez laboral. En materia de cobertura, detalló que en 2024 se conformó un equipo de asistencia jurídica y patrocinio para los casos más urgentes y que se iniciaron acciones judiciales para garantizar la continuidad de tratamientos y prestaciones a personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), a quienes también se acompaña en la tramitación, renovación y agilización de turnos.
Muiños repasó además las acciones vinculadas a la accesibilidad —reclamos por locales sin rampa o sin baños adaptados, por las condiciones en colectivos y micros de larga distancia, y operativos de difusión de derechos sobre descuentos en transporte y la vinculación del CUD con el sistema SUBE— y advirtió que, en un contexto de recortes y degradación de las políticas sociales, las personas con discapacidad quedan aún más expuestas. Ese escenario, concluyó, refleja un alejamiento del estándar de derechos garantizado por la Constitución local, la nacional y el marco protectorio específico de la materia, y exige ratificar el compromiso del organismo para seguir reforzando el trabajo realizado.
Acompañaron a la Defensora en el panel de clausura Luz Pagano, especialista en Derecho de las Familias y ex Defensora Pública Curadora en el Ministerio Público de la Defensa, y Genoveva Ferrero, secretaria de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial de la CABA. La moderación estuvo a cargo de Lucía Burundarena, directora del Observatorio de la Discapacidad.
