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La Defensoría del Pueblo presentó un informe sobre violencia digital y deepfakes en adolescentes de la Ciudad

agosto, 28 2026
El estudio revela que el 45% de las y los estudiantes de secundaria ha atravesado situaciones de violencia en entornos digitales.

Con el objetivo de visibilizar, prevenir y abordar los nuevos desafíos que plantean las tecnologías emergentes, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentó el informe “Cuando la imagen deja de ser propia. Deepfakes, exposición y violencia digital en adolescentes”.

La Defensora del Pueblo porteña, María Rosa Muiños, sintetizó el desafío que representan estas tecnologías y remarcó que “las plataformas digitales no son neutrales, responden a modelos de negocios que acumulan un enorme poder. Enmarcar el debate regulatorio desde la protección de la niñez y la adolescencia es la vía necesaria para garantizar sus derechos. No pretendemos trasladar esa responsabilidad a la escuela, sino brindar herramientas a los equipos docentes”.

Por su parte, Roxana Perazza, directora general del Derecho al Desarrollo Humano del organismo, reflexionó sobre el rol de las instituciones educativas frente a estas situaciones. “Estas son problemáticas nuevas para las cuales las escuelas no siempre tienen herramientas de abordaje consensuadas. Es una oportunidad para pensar cómo la institución procesa acontecimientos que no nacen en el aula, pero que impactan directamente en la vida cotidiana escolar”, destacó.

La presentación buscó poner estos resultados en diálogo con distintos actores que trabajan en educación, juventudes, derechos humanos, género, tecnología y protección de datos, con el objetivo de seguir construyendo respuestas que permitan prevenir, acompañar, reparar y regular frente a las nuevas formas de violencia que se producen y circulan en los entornos digitales.

El encuentro contó con la participación de investigadores, docentes, referentes de organizaciones de la sociedad civil, especialistas en tecnología y derechos digitales, autoridades de organismos públicos y representantes de centros de estudiantes.

Leé el informe completo acá