Servicio penitenciario y ejecución de la pena en la Ciudad
Se sancionó la Ley de Ejecución Penal, que regula el cumplimiento de las condenas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y establece la creación de un servicio penitenciario local. La norma define los derechos y deberes de las personas privadas de su libertad, fija condiciones mínimas de detención, reglas de tratamiento y reinserción social, y determina los mecanismos de control judicial y las obligaciones del Estado.
La Defensoría del Pueblo participó en la elaboración del contenido de la ley, aportando una perspectiva de derechos humanos y estándares internacionales.
Inserción laboral de jóvenes sin cuidados parentales
La Legislatura también aprobó una ley que garantiza un cupo y prioridad laboral en el sector público de la Ciudad para jóvenes de entre 18 y 25 años que hayan egresado de dispositivos de cuidado alternativo. La iniciativa busca ampliar las oportunidades de acceso al empleo formal para quienes transitan procesos de autonomía sin redes familiares de acompañamiento.
La norma unifica proyectos presentados por legisladores y por la Defensoría del Pueblo, a partir del trabajo del área de Niñez del organismo.
Apoyo a personas en situación de vulnerabilidad sociohabitacional
Sobre la base del Decreto 690/06, se sancionó un nuevo marco legal que crea un programa de asistencia para personas en situación de calle o en riesgo habitacional. La ley establece una prestación económica mensual —actualizable semestralmente— destinada al pago de alquileres, créditos del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) u otras soluciones habitacionales, y prevé mecanismos de acceso provisorio ante situaciones de emergencia, junto con equipos de acompañamiento territorial.
En este caso, la Defensoría participó de mesas de trabajo en las cuales se discutió el proyecto, en línea con su trabajo permanente en la defensa del derecho a la vivienda.
Exención de peajes para veteranos de Malvinas
Finalmente, se aprobó la exención del pago de peajes en el ámbito de la Ciudad para vehículos pertenecientes a excombatientes de Malvinas, siempre que no registren condenas vinculadas a delitos de lesa humanidad. La implementación quedará a cargo del Gobierno de la Ciudad, que deberá definir el mecanismo operativo —como el sistema TelePASE— y la compensación a las concesionarias.
El proyecto fue elaborado por el área de Tránsito y Transporte de la Defensoría del Pueblo.