La paridad no es una simple formalidad ni un detalle técnico: es una herramienta de transformación social y de justicia. Su aplicación tiene que fortalecer la participación de las mujeres y asegurar su inclusión efectiva. Nunca debe ser utilizada como un recurso para excluirlas o relegarlas. Proteger su cumplimiento no es una opción: es una obligación ética, legal y democrática.
Es responsabilidad de todas las instituciones, la dirigencia política, y de la ciudadanía velar por el respeto a estos principios, pilares de una democracia verdaderamente representativa, inclusiva e igualitaria.
