Esta situación, lejos de ser un mero tecnicismo administrativo, erosiona la planificación estratégica del Estado, menoscaba la previsibilidad en la gestión pública y, en última instancia, afecta directamente la capacidad de garantizar derechos fundamentales a la ciudadanía.
La defensa del pueblo, en su rol esencial de salvaguarda de los derechos y garantías de los habitantes frente a los actos u omisiones de la administración pública, es testigo privilegiado de las consecuencias que la discrecionalidad presupuestaria genera. La falta de un marco legal que asigne de manera explícita y transparente los recursos públicos para cada Área y Programa se convierte, con demasiada frecuencia, en una justificación insustancial para la desatención de demandas legítimas y la postergación de soluciones a problemáticas sociales acuciantes. La capacidad de respuesta del Estado se ve comprometida, no por una ausencia real de recursos, sino por la falta de una hoja de ruta clara y consensuada que guíe su distribución y ejecución.
En este contexto, ADPRA subraya la imperiosa necesidad de que el Honorable Congreso de la Nación, en un ejercicio de responsabilidad institucional y compromiso con la calidad democrática, aborde con la máxima celeridad la elaboración y aprobación de un Presupuesto Nacional para el Ejercicio 2026. Este instrumento, pilar básico de la gobernabilidad, debe reflejar un debate informado, una asignación equitativa de los recursos y una visión estratégica que permita al Estado cumplir con sus funciones esenciales, promover el desarrollo y proteger a los sectores más vulnerables.
Un presupuesto sancionado en tiempo y forma no es solo una exigencia legal, sino un acto de previsibilidad, transparencia y respeto por los derechos de todos los argentinos. La institucionalidad se fortalece en la medida en que los mecanismos republicanos operan con plena vigencia y responsabilidad.
Por todo ello es que, desde ADPRA, solicitamos la aprobación de esta ley fundamental y necesaria.
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