La actividad, que se desarrolló en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), reunió a funcionarios/as y expertos/as locales, nacionales e internacionales, con la finalidad de discutir sobre el rol de los organismos estatales en relación a los derechos de las personas con discapacidad, el acceso a la justicia y la inclusión jurídica, social y laboral, entre otros ejes y desafíos pendientes.
En representación organismo, Livia Ritondo (directora general de Derechos Sociales) integró el panel “Doble situación de vulnerabilidad: mujeres con discapacidad y su paso por la justicia”, junto con el legislador porteño Juan Manuel Valdés; la directora del Centro de Justicia de la Mujer (CJM), Cecilia Segura; y la responsable del Programa de Atención de Personas con Discapacidad del CJM, Lorena Aguirre.
En su intervención, Ritondo se refirió a la labor llevada adelante por la Defensoría para abordar y dar respuesta a múltiples vulneraciones de derechos, en un contexto que “evidencia una regresión en materia de derechos, vinculada al progresivo repliegue del Estado, que ha desarticulado organismos claves para su garantía”.
Además, advirtió sobre los distintos tipos de violencia que atraviesa una persona con discapacidad: “las respuestas que se brindan desde el Estado son insuficientes, parciales, provisorias o a destiempo”. En esta línea remarcó que “debería encontrar amparo frente a la violencia y la vulnerabilidad” pero que muchas veces se enfrenta a “un sistema que le responde en algunos casos con indiferencia y en otros con burocracia y barreras insalvables”.
Por último, destacó la importancia de “brindar respuestas efectivas de asistencia y protección y exigir políticas públicas de prevención” y señaló que “es necesario repensar el acceso a la justicia desde una perspectiva interseccional: género y discapacidad deben ser considerados juntos, porque sólo así podremos construir instituciones capaces de garantizar la igualdad real y no solo la igualdad formal”.
