Entre los diversos temas de preocupación mutua se analizaron:
1) Los aumentos aplicados por las entidades de medicina prepaga y el impacto sobre los usuarios, en particular de los adultos mayores adheridos, a partir de la desregulación del sector impuesta por el Mega DNU 70/2023; y
2) la Resolución 51/2024 de la Secretaria de Comercio de la Nación, por la cual se derogaron 69 resoluciones regulatorias, con especial preocupación respecto de la eliminación del Programa de Defensa del Estudiante, que tenía como objetivo brindar asistencia integral a los consumidores de servicios de turismo estudiantil y la protección de sus derechos en tanto usuarios de especial vulnerabilidad; del Sistema de Fiscalización de Rótulos y Etiquetas (SIFIRE), que estaba dirigido a prevenir cualquier afectación en la veracidad o precisión de la información contenida en los rótulos o etiquetas como así también en la transparencia y competencia leal entre los distintos oferentes de bienes y servicios en el mercado interno; y de la reglamentación que preveía mecanismos de actuación de la Autoridad de Aplicación para la prevención y solución de situaciones de sobreendeudamiento de las y los consumidores, que es una problemática creciente en estos últimos.
Por otra parte, la nueva gestión ratificó el compromiso de mantener y optimizar los canales de comunicación con la Defensoría, tanto para la gestión y derivación de reclamos como para la atención prioritaria de casos urgentes (por ejemplo, situaciones de consumidores hipervulnerables), como así también para el desarrollo de actividades conjuntas en materia de difusión de derechos, formación ciudadana y educación para el consumo.
En representación de la Defensoría del Pueblo asistieron al encuentro el director general de Derechos Ciudadanos, Norberto Darcy, el director de Consumidores y Administrados, Gerardo Gullelmotti y la abogada del área, Micaela Rodríguez Tomietto.
