El acceso a la justicia constituye un derecho fundamental de todo ser humano y ha sido consagrado en una diversidad de instrumentos internacionales. Sin embargo, el ejercicio de este derecho en la práctica cotidiana puede verse impedido por la existencia de distintos obstáculos normativos, sociales o económicos que imposibilitan que una persona que sufre la vulneración de sus derechos pueda ejercer debidamente su derecho de defensa en juicio y obtenga un remedio judicial idóneo y estas dificultades se agudizan aún más cuando la pobreza y la indigencia se encuentran presentes.
Respecto de estos casos de extrema vulnerabilidad social, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado acertadamente en su Informe sobre “El acceso a la Justicia como garantía de los Derechos Económicos Sociales y Culturales. Estudio de los estándares fijados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos” la importancia no sólo garantizar un patrocinio gratuito sino también de “… reforzar los dispositivos comunitarios al efecto, a fin de facilitar a estos grupos el acceso a instancias judiciales de protección y a una mayor difusión de información sobre los recursos dentro del sistema de justicia y sobre sus derechos”.
Cabe destacar que la dificultad que tienen los sectores más vulnerados de la sociedad para acceder a la justicia generó que en la Cumbre Judicial Iberoamericana, en 2008, se dictaran las 100 Reglas de Brasilia, que tienen como preocupación central el acceso a la justicia de las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad, desde la exigencia de que los sistemas judiciales sean reales instrumentos de defensa de los derechos de las personas, sobre todo de las más vulnerables.
En este sentido, la presencia territorial a través de programas de patrocinio gratuito que asistan a una comunidad específica en el acceso a justicia constituye una estrategia concreta para superar los obstáculos que los grupos vulnerados encuentran a la hora de acudir a pedir por sus derechos y que pueden surgir, entre otras causas, de la falta de recursos económicos para el traslado a Tribunales o de la falta de información sobre las vías legales disponibles para solucionar un problema concreto.
En esta lógica, orientada principalmente a buscar una mayor proximidad entre los canales legales disponibles para acceder a la justicia y los problemas concretos de violación de ciertos derechos, es que el Consejo de Derechos Humanos cuenta con dos Programas de Patrocinio Jurídico Gratuito: i) Programa de Patrocinio Jurídico Gratuito y Acceso a la Justicia de los Habitantes de Villas de Emergencia y ii) Programa de Patrocinio Gratuito Especializado en Violencia De Género.
El CDH aborda también el litigio estratégico como una herramienta enderezada al logro de obtener una decisión judicial que impacte favorablemente en los estándares de protección de los derechos más vulnerados.
