En busca de consensos
Nuestro país se encuentra aun con el desafío de afrontar esta pandemia que vino a cambiar la vida de todos y todas, y lo que denominamos el AMBA es el epicentro del comienzo de esas olas que se propagan hacia las provincias de la Argentina. Si bien en esta ocasión nos encontramos con un sistema sanitario más robusto, el personal que está en esa primera línea de combate está agotado y golpeado, y la sociedad también. Pero además, la pandemia nos afecta con las consecuencias económicas que han puesto en evidencia las desigualdades estructurales que nuestra región padece.
Nos encontramos en medio de un plan de vacunación histórico, que por múltiples factores nuestro país lo lleva a cabo de manera exitosa y hasta el momento no ha cesado, pero las desigualdades también se manifiestan a nivel global en la dificultad de muchos países, como el nuestro, para obtener las dosis suficientes para inocular a toda la población. Esto produce que la llegada de la segunda, la tercera y la cuarta ola representen una encrucijada para los gobiernos, que deben velar por la tutela de los derechos fundamentales de la población sin profundizar la crisis económica y social en la que nos encontramos.
En este cuadro de situación, los derechos humanos se resienten, por lo que su tutela se convierte en una obligación fundamental que debe garantizar el Estado en todas sus manifestaciones.
Sin embargo, en este 2021 nos encontramos con vulneraciones que dan cuenta de la insuficiencia e ineficacia de las políticas públicas necesarias para garantizar los derechos fundamentales, sobre todo de los colectivos más vulnerables.
El incremento de los índices de pobreza en nuestro país, la violencia por motivos de género, el incremento de femicidios, da cuenta de la necesidad de repensar el rol del Estado y de los gobiernos para erradicar estas manifestaciones extremas de desigualdad. Por otra parte, los discursos de odio y discriminación parecen profundizarse, lo que nos aleja de aquello “de que de la pandemia íbamos a salir mejores”.
Sin embargo, aun en este contexto difícil que estamos atravesando desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires seguimos trabajando para que esta crisis nos dé finalmente la oportunidad de generar consensos que persigan garantizar la vigencia de los derechos fundamentales de todas y todos, y que permitan repensar políticas públicas que puedan ser sostenidas en el tiempo independientemente de la fuerza política que esté en el gobierno. Apelamos a la responsabilidad de los funcionarios y las funcionarias para hacerlo posible. Para ello, REC se convierte en una contribución para que reflexionemos y encontremos el lugar que tenemos que ocupar en ese tejido de consenso necesario y urgente.
Los trabajos que muy generosamente nos brindan las personas que participan en este número son un reflejo de la agenda de preocupaciones y desafíos pendientes que merecen ser atendidos aun pandemia de por medio. Cada artículo aborda problemáticas que se han convertido en temas centrales del día a día de nuestro país.
En esta nueva edición de REC podrán disfrutar de un excelente artículo de Monserrat Sagot, quien nos propone pensarnos en un mundo sin femicidios y nos brinda una brillante visión de esta problemática desde una perspectiva feminista; por su parte Patricia López Vergara hace una sobresaliente reflexión del rol de los magistrados y la necesidad de que estos se comprometan verdaderamente con la realidad en la que se hallan insertos, y en esta misma línea tenemos el artículo de Laura Pautassi, quien plantea la obligatoriedad de pensar una reforma judicial que incorpore necesariamente la perspectiva de género y que permita transformar a la justicia en tanto servicio público independiente, accesible, respetuoso de las diversidades de género, condiciones socioeconómicas y culturales, y centralmente que pase de la narrativa a una efectivización para la protección de derechos. Por su parte, Diana Maffía y María Paula Bodnar nos sumergen en la importancia de la prevención y tratamiento de la violencia y el acoso con perspectiva de género en las organizaciones públicas, y nos proponen desafíos para gestionar el cambio en entornos de trabajo estatales; asimismo, en este número, contamos con la contribución de dos compañeros de la casa: Fernando Fimognare nos habla del AMBA como centro de derechos, debate más allá de este contexto de pandemia debe darse de manera seria, sobre todo porque cualquier política pública que impacte en el Gran Buenos Aires o en la Ciudad necesariamente tendrá repercusiones en la otra jurisdicción, y Alessandra Cutuli nos acerca una reflexión respecto del acceso a justicia como derecho humano que debe ser garantizado por el Estado.
Todos estos aspectos se encaminan a ser una brújula en el abordaje de la respuesta a la crisis y sin dudas, plantean desafíos a todos los actores tanto públicos como privados entre los que nos encontramos como Defensoría del Pueblo y a partir de los cuáles seguiremos trabajando.
Finalmente, en la entrevista de nuestro número tres de REC, tenemos el honor de disfrutar de una hermosa entrevista a Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz y un luchador incansable por la defensa de los derechos humanos, quien nos comparte sus vivencias y nos deja sus sabias palabras, llenas de lucha y esperanza.
Agradezco a quienes participan de este número, grandes profesionales que tienen un rol activo en la tutela de los derechos humanos, por brindarnos su contribución y su mirada para poder generar soluciones efectivas que permitan cumplir -este contexto extraordinario en el que nos hallamos- con el principio que la Agenda 2030 de Naciones Unidas nos propone: que nadie se quede atrás.
Alejandro Amor
Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
