El objetivo esencial del protocolo es prevenir y erradicar la violencia en el ámbito laboral y garantizar un ambiente libre de discriminación por cuestiones de género, identidad de género, orientación sexual, clase, etnia, nacionalidad, condición biológica o de salud, caracteres físicos, religión, discapacidad, razones políticas y/o sindicales o de cualquier otro tipo.
Con el propósito de procurar la promoción de los derechos de las mujeres y fomentar las estrategias destinadas a la prevención de la violencia en todas sus formas y manifestaciones, se creó la Comisión de Equidad Laboral (CEL) como autoridad de aplicación del protocolo y se incorporó un Equipo Especializado (EE) integrado por profesionales especialistas en la temática.
En este marco, a través de las áreas competentes en la materia de género, la Defensoría del Pueblo se compromete a conformar con al menos dos de sus profesionales el EE y cumplir con las funciones acordes al protocolo, principalmente la de recibir y atender las denuncias y consultas de casos.
Entre las cláusulas del convenio se señala que el acuerdo entre ambas Defensorías tendrá una vigencia de doce meses a partir de su suscripción y se prorrogará automáticamente por idéntico plazo.
