El secretario general de la Defensoría, Norberto Darcy, fue el encargado de expresar la posición del organismo. Un eje que atravesó sus tres exposiciones estuvo relacionado a la pertinencia del momento elegido para impulsar el ajuste de tarifas. Darcy hizo hincapié en lo inoportuno de los aumentos, dada la persistencia de la pandemia de COVID-19 y las consecuencias sanitarias, sociales y económicas que conlleva.
Además, señaló que el ajuste tarifario de estos servicios no puede analizarse de forma aislada, sino en el marco de una suba generalizada de todos los costos que deben afrontar los usuarios viales a los que hay que sumar aumento en patentes y combustibles. Algo que constituye un “fenomenal golpe al bolsillo de los usuarios”.
“A nadie se le escapa que estamos transitando todavía un contexto social, sanitario y económico extremadamente difícil con motivo de la pandemia, que nos modificó la vida cotidiana, pero entre otras cosas agravó la delicada situación económica que padece el país, con un muy fuerte impacto en los ingresos de las personas y las familias, con pérdida de puestos laborales. Si bien, la pandemia pareció darnos unos meses un respiro, lo cierto es que aún no ha terminado”, señaló.
Respecto a la Verificación Técnica Vehicular Obligatoria, indicó que los aumentos propuestos deben ser revisados teniendo en cuenta también los valores de las tarifas aplicadas en la Provincia de Buenos Aires, puesto que no solo la fórmula de ajuste que se aplica es la misma, sino que además el Pliego establece un criterio de armonización para mantener un “razonable equilibrio con esa jurisdicción” (Artículo 66). Aprobada e implementada la propuesta tarifaria del GCBA, se provocará una enorme diferencia entre lo que actualmente pagan los vecinos de nuestra Ciudad respecto de los vecinos bonaerenses por un servicio que es, esencialmente, idéntico o similar. La propuesta genera un marcado desequilibrio entre ambas jurisdicciones.
También fueron mencionados los reclamos recibidos en la Defensoría del Pueblo en relación a este servicio, con énfasis en la escasa oferta de turnos en las plantas verificadoras “Donado“ y “Tronador” y en la necesidad de extender la aplicación de la bonificación contemplada en la ley 4111 a aquellos titulares de vehículos cuyo grupo familiar esté integrado por una persona con discapacidad.
La exposición en la audiencia sobre peajes se centró en un análisis de la variación tarifaria en el último año y en la modificación al reglamento de explotación que agrava las sanciones para aquellos usuarios que no hayan optado por la instalación del dispositivo de telepeaje. Respecto a la tarifa, Darcy señaló que “los usuarios de autopistas de la Ciudad de Buenos Aires han sufrido un 90% de incremento, al que ahora pretende adicionarse un 45 % más a partir de enero 2022. Algo que está lejos de asimilarse a los efectos inflacionarios y a la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores que son usuarios de autopistas”.
Asimismo, desde la Defensoría del Pueblo se caracterizó como “excesiva y desatinada” la propuesta de cuadruplicar el valor de la tarifa para aquellos usuarios que no cuenten con TelePase o que no lo tengan activo al pasar por una cabina verde (exclusiva para cobro por telepeaje). No obstante ello, se advirtió que de avanzar con la implementación de esta penalidad, resulta indispensable hacer una intensa y efectiva campaña de información previa, de modo que todos los usuarios estén debida y suficientemente informados y “evitar lo que pasó con la aplicación del sistema Free Flow en el acceso Av. Sarmiento que durante muchos meses se convirtió en un verdadero cazabobos”. Aplicar intempestivamente una modificación así, sin información previa, afecta derechos básicos de los usuarios como el derecho a la información veraz, adecuada, detallada y suficiente.
Sobre el estacionamiento medido en la vía pública, Darcy destacó la mala calidad del servicio, que cuenta con “máquinas obsoletas, que funcionan mal y son escasas; un sistema de pago, solo en monedas o cospeles, absolutamente tortuoso; escasez de cospeles y dificultades de los usuarios y usuarias para conseguirlos”, para finalizar exigiendo que se amplíen los medios de pago y se incorpore tecnologías que permitan simplificar la vida a la gente.
