El denominado “Certificado de Vivienda Familiar” -cada vecino que fue relevado podrá tramitarlo ante ANSeS-, servirá para acreditar domicilio ante cualquier autoridad y solicitar servicios a su nombre como agua corriente, electricidad, red de gas y del Programa Hogar para quienes carecen de redes de gas natural.
Además de ser válido ante cualquier autoridad pública, nacional, provincial o municipal, el documento será admitido en empresas privadas y servirá para declarar el domicilio como legal o fiscal en la AFIP.
Técnicamente, el decreto reglamenta el “Registro de Barrios Populares”, producto del relevamiento que se hizo en septiembre de 2016 a cargo del Ministerio de Desarrollo Social (que dirige Carolina Stanley) y de la ANSeS (Emilio Basavilbaso), y que contó con la participación clave de tres de los movimientos sociales más grandes: Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Además, contó con la colaboración de la ONG TECHO y de la Iglesia, a través de Cáritas Argentina.
En el proyecto trabajaron siete mil personas en forma global y en total se identificaron unos 4.100 barrios, con distintos grados de precariedad y hacinamiento. Se los delimitó y se registró digitalmente cada hogar, con límites precisos, para que cada vivienda posea una coordenada de geolocalización.
Hasta el momento, se visitaron unos 3.725 barrios y se comprobó la situación de 402.114 familias y 1.340.272 personas, por lo que estiman que superará ampliamente el millón y medio de personas que podrán acceder al certificado.
La extensión de los documentos comenzará el 8 de junio con una prueba piloto en las localidades Lomas de Zamora, San Isidro y en la ciudad de Corrientes. Luego, se extenderá al resto del país.
