El informe señala que desde la detección del primer caso positivo de COVID-19, «el Estado Nacional ha ido tomando medidas en forma progresiva para restringir actividades en las que haya circulación y concentración de personas, a fin de evitar el contagio masivo. En este sentido, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 (publicado el 20/03/2020), por medio del cual estableció el aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el territorio nacional, como una medida excepcional adoptada en un contexto crítico. La norma de emergencia insta a que las personas permanezcan en sus domicilios, y se abstengan de concurrir a sus lugares de trabajo, circular por rutas, vías y espacios públicos. Sólo se prevé la posibilidad de realizar desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos».
De esta manera, una persona que no cuenta con una vivienda se ve imposibilitada de cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Por lo tanto, resulta necesario que entre las regulaciones propuestas y medidas implementadas, se hallen vinculadas con garantizar el derecho a una vivienda adecuada.
Sin desmedro de ello, es preciso señalar que el derecho a la vivienda requiere de medidas de instrumentación positivas para que los sectores más vulnerables puedan acceder efectivamente al mismo.
Así, en cumplimiento de las obligaciones que surgen del marco normativo, tanto el Ejecutivo Nacional como el local han dispuesto un paquete de acciones y medidas de protección que tienen por objeto garantizar que, durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio, las condiciones de vivienda de las personas cuando menos, no se vean empeoradas.
Entre las medidas dispuestas se encuentran congelamiento del valor de las cuotas y suspensión de ejecuciones en los créditos hipotecarios; prórroga de contratos hasta el 30/09, congelamiento de precios y pago bancarizado en lo que respecta a los alquileres; suspensión de desalojos y cesación de la emisión y cobro de los créditos en todas las operatorias de viviendas de interés social.
En relación a la emergencia habitacional, el Gobierno de la Ciudad ha implementado la renovación automática del subsidio habitacional que otorga en el marco del Decreto 690/06. Además, anunció que los Paradores de la Ciudad se mantendrían abiertos durante las 24 horas y la incorporación de dispositivos transitorios para incrementar vacantes y espacios durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio.
