El Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alejandro Amor, realizó hace varios meses una recomendación para suspender los desalojos en el marco de la crisis económica que padecen millones de personas, producto de la paralización de la actividad económico ocasionada por la pandemia.
En la misma línea estuvo el decreto que publicó el Poder Ejecutivo Nacional, suspendiendo los desalojos hasta el 30 de septiembre.
En ese marco, un Juzgado Nacional en lo Civil de Primera Instancia tomó la recomendación del Defensor del Pueblo y, por medio de una resolución, resolvió suspender los lanzamientos en aquellos inmuebles donde habiten personas en situación de vulnerabilidad.
El objetivo es proteger a la población, en este caso a la que sufre mayores privaciones, y prevenir el riesgo de contagio por COVID-19.
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