En trabajo articulado con el Instituto de Vivienda de la Ciudad, la Coordinación Operativa de Vivienda y Hábitat y los equipos de la Conducción Ejecutiva de Descentralización y de la Adjuntía de Bárbara Bonelli de la Defensoría del Pueblo porteña, se realizó un relevamiento de las economías de las familias que acceden a una solución habitacional en estos complejos y se enfrentan a gastos nuevos como la cuota del pago de la vivienda, las expensas, los gastos de servicios por consumos propios y comunes, que impactan de manera directa en los ingresos familiares y podrían redundar en una afectación del derecho a una vivienda digna.
Este estudio se viene desarrollando desde principios de 2019 en diferentes conjuntos habitacionales de vivienda social (Santiago de Compostela, San Antonio, Playón de Chacarita, Rodrigo Bueno y Papa Francisco) y tiene como objetivo conocer el proceso de relocalización en la nueva vivienda y barrio, y realizar un diagnóstico para evaluar, diseñar e implementar políticas que tengan en consideración la economía familiar. Asimismo, busca analizar -entre otras cosas- las economías domésticas en virtud de la solvencia para sostener la reproducción diaria; el acceso a los servicios básicos teniendo en cuenta su caracterización (gasto nuevo) y el incremento tarifario; las políticas públicas y perspectiva de género a partir de las jefaturas de hogar femeninas; y las formas de organización consorcial y comunitaria, en base a las percepciones y valoraciones de las familias afectadas.
