Son aproximadamente 4.000 nuevos usuarios y usuarias que tendrá la Ciudad cuando culmine el proceso, de los cuales más de 2.500 ya se encuentran habitando las nuevas viviendas y por tanto ya utilizan servicios públicos.
Esta nueva situación responde a un anhelo y una demanda de vecinos y vecinas de los barrios informales ya que esto les posibilita acceder a derechos y obligaciones como cualquier ciudadano que habita en el resto de la ciudad y, de este modo, construir vínculos directos, fundamentalmente, con las empresas prestadoras de los servicios de agua y saneamiento (AYSA), electricidad (EDENOR, EDESUR) y gas (METROGAS) sin la intervención de organismos del Poder Ejecutivo, como ocurre en los barrios informales. Cabe destacar que en este tipo de conglomerados urbanos quién ejerce el rol de usuario ante las diferentes empresas de los servicios públicos esenciales es el Gobierno de la Ciudad, razón por la cual los vecinos y vecinas deben recurrir, y por lo tanto depender, del GCBA para la prestación de los mismos.
Sin embargo, este anhelo por igualar sus condiciones ciudadanas por parte de vecinos y vecinas de los nuevos barrios se ve opacado por una serie de obstáculos que desde la Defensoría del Pueblo atendemos y encauzamos para su regularización. Se trata de muchísimas situaciones de irregularidad, entre ellas la imputación de deudas generadas previo a la mudanza de las familias, el alta del servicio sin que se les brinde información de número de cliente y número de medidor, demoras de más de 9 meses en la recepción de la primera liquidación de consumos lo que implica la acumulación de deudas, falta de acceso a los medidores para llevar un control de los consumos (medidores y/o instrumentos que reflejan la medición), incumplimiento del compromiso de gestión de las tarifas sociales por parte del Gobierno de la Ciudad y falta de acceso a información sobre sus deberes y derechos.
Estos perjuicios, como la generación de deudas en los servicios previas a las mudanzas, si bien son errores de índole administrativo ante el cual el Gobierno de la Ciudad asume la responsabilidad, implican demoras que generan inconvenientes adicionales a los vecinos y vecinas y obstaculizan el acceso a otros derechos, como por ejemplo, la imposibilidad para la gestión de valores con descuento o la tarifa social que otorga el Estado Nacional ya que no se accede si se tienen deudas con las empresas prestadoras; o la carga de intereses por períodos previos a las mudanzas de los nuevos usuarios a las viviendas nuevas.
Desde la Defensoría del Pueblo hemos advertido esta serie de irregularidades y elevado los reclamos correspondientes ante el Gobierno de la Ciudad y las empresas prestatarias de los diferentes servicios. También se han generado instancias para que vecinos y vecinas puedan compartir sus inquietudes y denunciar inconvenientes a través de operativos barriales o charlas informativas de promoción de derechos para nuevos usuarios/as de servicios. Con el mismo propósito, se han generando espacios de trabajo con los actores involucrados, y realizado piezas de difusión para redes sociales y programas de radio de la institución que se emiten en diez emisoras comunitarias de barrios populares porteños.
El acceso a los servicios constituye un aspecto fundamental para el bienestar y desarrollo de las personas, es un derecho esencial conforme la normativa internacional, nacional, y para la propia Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Garantizar su cumplimiento en condiciones de igualdad, regularidad, generalidad y uniformidad es una responsabilidad ineludible del Estado y desde institución velamos por ello.
