Elaborado por la Coordinación Operativa de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Conducción Ejecutiva de Derechos Urbanos, Espacio Público y Medio Ambiente de la casa, el informe aborda el déficit existente en la provisión de agua potable y el acceso a la red cloacal en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), caracterizado por un modelo de inversiones que privilegia a algunos sectores por sobre otros y contribuye a acrecentar las desigualdades entre zonas urbanas cercanas a la Ciudad de Buenos Aires y barrios populares y otras zonas de incipiente integración socio-urbana.
Asimismo, señala que la pronunciada bajante del caudal del sistema Río Paraná-de la Plata como consecuencia del cambio climático redunda en una mayor concentración de desechos cloacales, agropecuarios e industriales contaminantes y la aparición de cianobacterias, a la vez que advierte sobre los conflictos jurisdiccionales y el fracaso de la gestión institucional de la contaminación de la Cuenca Matanza-Riachuelo, a más de 10 años del fallo de la Corte Suprema de La Nación en la llamada causa Mendoza.
Por tal motivo se propone la creación de un nuevo espacio institucional con la participación de distintos sectores, organismos, municipios y las Defensorías del Pueblo de la Nación, la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, para avanzar en consensos que impulsen la implementación de políticas públicas.
Además, en línea con lo postulado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se destaca que resulta necesaria la incorporación de la perspectiva de derechos humanos en la gestión de este servicio público, así como la identificación de las causas estructurales y presupuestarias de la problemática, la elaboración de informes periódicos para detectar, prevenir y reparar vulneraciones y la planificación integral para lograr el acceso universal y sostenible al agua y el saneamiento.
Por otra parte, se recomienda promover la capacidad de acción de las instituciones de derechos humanos para que reciban denuncias, brinden asistencia y puedan intervenir ante la vulneración de este derecho; la articulación institucional entre organismos de control y provisión; la eliminación de impuestos al agua y saneamiento que alcanzan a viviendas familiares y entidades sin fines de lucro; la reglamentación de la ley 25.688 (Régimen de Gestión Ambiental de Aguas); el dictado de una normativa que tome los parámetros de la Organización Mundial de la Salud en materia de calidad del agua; y la incorporación de una ley penal ambiental para la tipificación de delitos ecológicos.
En el Día Mundial del Medio Ambiente, la Defensoría renueva su compromiso con la defensa de este derecho humano fundamental y llama a un reordenamiento de las prioridades de inversión y gestión pública, bajo el entendimiento de que el Estado tiene la obligación de garantizar la prestación de este servicio.
